A juicio el caso de la residencia geriátrica Valle-Inclán con petición de la Fiscalía de 4 años de prisión y 5 millones de multa
AROUSA
Viajes Silgar tenía en 2013 una deuda de 863.518 euros y acabó siendo declarada en concurso de acreedores y disuelta la sociedad
03 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia de Pontevedra acogerá el día 8 de mayo (10 horas) un juicio sobre la gestión de la desaparecida residencia de mayores Valle-Inclán (Vilanova), un caso que durante años acaparó la atención informativa y ahora sentará en el banquillo a la persona que estaba al frente del centro geriátrico.
La Fiscalía le pide cuatro años de prisión, cuatro años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, multa de cinco millones de euros con un año de privación de libertad en caso de impago y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y de gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social por un período de siete años, además de las costas del proceso.
En el escrito de acusación se pone en negro sobre blanco la sucesión de empresas que en distintas etapas se encargaron de la gestión de esta residencia. La primera fue Viajes Silgar, que fue declarada en concurso de acreedores por e Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra en diciembre de 2010.
En sentencia del 24 de octubre de 2013, el mismo juzgado declaró su disolución y se abrió la fase de liquidación designando a un nuevo administrador concursal. Viajes Silgar tenía entonces una deuda de 863.518 euros y, con la finalidad de continuar con la actividad de la residencia sin abonar las cuotas de los trabajadores a la seguridad social, se fueron sucediendo en la gestión de la residencia las siguientes sociedades por este orden: Nurtime SLU, Yanik Vigo SL, Residencia de Mayores SL, Servicios Integrales Dos Andando SL y Euroconsultores Sociosanitarios SL, según recoge el escrito de la Fiscalía.
Quizás el juicio fijado para la próxima semana en Pontevedra contribuya a arrojar luz sobre un esperpento que se inició hace una década y que ha dejado numerosos damnificados: acreedores, trabajadores que perdieron sus empleos y residentes que tuvieron que abandonar en noviembre de 2019 un centro que llegó a tener plazas concertadas con la Xunta.