La ayuda a domicilio para 14.000 personas en Galicia la coordinan 500 trabajadores sociales en los municipios
BARBANZA
Más de 14.000 personas reciben en Galicia servicios de ayuda en el hogar, que son coordinados por 500 trabajadores sociales. Casi la tercera parte de este colectivo, unos 150 profesionales, analizaron la situación de esa prestación en la cuarta jornada anual consecutiva de estudio, que tuvo como novedad el trabajo en talleres, con un mayor enfoque práctico. La adaptación a la Ley de Dependencia y las buenas prácticas fueron los principales asuntos de las sesiones, que se desarrollaron en el Palacio de Congresos.
La presidenta del Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia, María José Redondas, resaltó el esfuerzo que supone para las participantes -la mayoría eran mujeres- dejar su actividad y participar.
Manuel Colmenero, del comité organizador, destacó que en Galicia hay más de 29.500 prestaciones concedidas por la Ley de Dependencia, que impulsa la demanda del servicio a domicilio y de otros, y también la creación de nuevos recursos y su adaptación al marco legal.
Joaquín Lede, de la Diputación de Pontevedra, resaltó que se dan fricciones por convivir dos sistemas: la Ley de Dependencia, que reconoce una serie de derechos a las personas y obligaciones a las administraciones; y el sistema antiguo, que era más «discrecional» por parte de los concellos, y en el que lo que antes era una potestad según las posibilidades municipales, ahora se complica al pasar a ser una obligación, indicó.
Coro Piñeiro, directora xeral de Dependencia, afirmó que el envejecimiento, la despoblación y los cambios familiares contribuyen a una nueva situación en la prestación de ayuda en el hogar, y confirmó que la Consellería de Traballo ultima un nuevo decreto para regular la atención a la dependencia, que tendrá repercusión en la prestación de este servicio.
Piñeiro valoró el informe sobre la Ley de Dependencia difundido anteayer por un grupo de expertos, y sostuvo que hay un acuerdo amplio respecto a la dificultad de la sostenibilidad del sistema apuntada en el documento: «Las medidas que proponen hay que valorarlas. Dan la razón a la Xunta y a las otras comunidades respecto a la financiación. Aunque en nuestro caso hay una mayor dificultad por la dispersión, y por tener un mayor porcentaje de personas de edad avanzada, que hace que los servicios complementarios puede que nos resulten más caros», según manifestó ante preguntas de esta Redacción.