El año pasado la Fiscalía actuó en 119 casos de violencia en el ámbito familiar cometidos por menores. La cifra encoge el alma. Y lo peor es que «tendrían que haber sido muchísimos más», precisa el psicólogo clínico José Antonio García. Porque son minoría los adultos que dan el paso de denunciar a sus hijos y los que lo hacen es porque la situación llegó al límite.
El de la vía penal es la última salida que tienen las familias y lo hacen ya casi sin aliento, cuando sus bienes o su propia vida corren peligro, y rotas después de deambular durante meses y posiblemente años buscando una solución. Son estos casos extremos los que se hacen visibles, pero otros tantos, imposibles de cuantificar, permanecen en secreto tras la puerta del domicilio. Es en el interior de él donde estalla con toda su crudeza el conflicto, «pero también donde se pueden encontrar las causas pero, sobre todo, una solución», afirma José Antonio García.
Medidas rehabilitadoras
¿Qué castigos se les impone a los menores que han cometido algún tipo de maltrato dentro del ámbito familiar? Existen varias medidas judiciales. Cuando un crío o una cría aparecen por el Juzgado de Menores imputados por violencia doméstica, se inicia un rígido protocolo de actuación. Mucho antes del juicio, si el equipo técnico del juzgado formado por psicólogos y educadores sociales lo aconseja, a los adolescentes les aplican medidas cautelares de diverso tipo para proteger a los padres, como la separación del domicilio familiar, el internamiento, la convivencia en un grupo educativo o la libertad vigilada.
Tras la vista oral, esas medidas se amplían en el tiempo o se detienen si el juzgado entiende que es posible de nuevo la convivencia entre padres e hijos. Una de las medidas (los términos pena o condena no se utilizan en la jurisdicción de Menores) es la libertad vigilada con cesión de la tutela a la Xunta, que lo envía a un centro de protección. Eso va aparejado con la prohibición de aproximarse a sus padres.
En los juzgados aseguran que la convivencia en el centro educativo «da buenos resultados». En alguna ocasión, el juez intenta combinar esta medida con la acogida en familia. Se habla con los tíos o con los abuelos, así como con el menor, para tratar de que vivan juntos una temporada lejos de sus padres. La medida, casi siempre, funciona.
Varones
La mayor parte de los adolescentes que pasan por el juzgado de menores son varones, más del 80 %. Ya sea por agresiones, daños al mobiliario urbano, pintadas, hurtos, robos... Pero en los casos de violencia familiar, la balanza entre chicos y chicas se iguala. «No hay una etiqueta diagnóstica que se adecúe exactamente al fenómeno. Estos menores no tienen una patología definida. La mayoría suele tener un trastorno negativista desafiante y algunos estudios dicen que pueden sufrir un trastorno disocial o de hiperactividad, pero también es verdad que, al menos un 50 % de esos chavales, no tienen ningún tipo de diagnóstico», explica la psicóloga María González.
Esta profesional asegura que «hay menores que desde pequeños han sido problemáticos pero otros tienen un inicio marcado de una conducta violenta en la adolescencia; si bien es cierto que las agresiones físicas no surgen de repente. Si dejamos que la violencia suba de escalones más difícil será que se bajen luego», concluye.