U n amigo me pide que publique el problema de un familiar directo suyo, ingresado en una residencia pública autonómica de la Xunta de Galicia. Eso sí, de gestión privada.
Dicho familiar, es discapacitado intelectual en grado moderado. Su edad ronda los cincuenta y tantos años.
Para poder ingresar en el centro le retienen el 60 % de su pensión, por lo que le queda un remanente de unos 150 euros, lo que, en teoría, deberían de ser suficientes para sus limitados gastos personales dentro del recinto. Pero aquí radica la queja de este amigo. Su familiar, debe hacer frente a una serie de gastos que suponían deberían estar incluidos en ese cantidad que le retienen. Y resulta que no es así.
Cada vez que, desgraciadamente algo que ocurre con cierta frecuencia, se ve obligado a que le presten asistencia médica en el hospital de referencia, le cargan 100 euros en concepto de acompañamiento. Por corte de pelo, le cobran seis euros. Por corte de uñas son otros seis. Por gravar su nombre en sus prendas de ropa, 30 euros… Me costaba trabajo creerlo, hasta que me enseñó el extracto bancario en el que le cargan tales gastos.
También me cuenta este amigo que su familiar disponía de un pequeño televisor de su propiedad en la habitación de la residencia. El aparato se le estropeó y le pusieron uno prestado por el centro. ¿Gratis? No; por tal concepto le cobran 50 euros cada mes.
Según me informa (y claro, de ser totalmente cierto me llena de tal cabreo que, por no pasarme, calificaré finamente como congoja), el centro en cuestión publicita disponer de servicio telefónico para los residentes. Y es verdad que no mienten; pues una vez a la semana, una asistenta le acerca un teléfono móvil para que pueda hacer una única y breve llamada al familiar que tiene asignado. Si necesitase hacer más llamadas, también le cobrarían por ello.
En fin. Ahora empiezo a entender por qué los grandes capitales están interesados en la gestión de las residencias. Millonarios que invierten en residencias de mayores, buscando la máxima rentabilidad, como quien lo hace en ladrillo.
En Galicia hay cerca de 22.000 plazas para residentes, de las cuales, de plena gestión pública tan solo son 3.400. Todas las demás se las reparten los fondos buitre, con la loable excepción de unas 7.400 plazas de entidades sin ánimo de lucro. Y, desgraciadamente quedó demostrado en los momentos más crudos de la pandemia que, el riesgo de morir o contagiarse en las instalaciones privadas, es mucho más elevado que en las de gestión pública.
Así les va a nuestros mayores con eso de la gestión privada: o les exprimen la cartera o hacen que dejen de sufrir para siempre.
Siento no poder dar nombres. Mi amigo teme que ello pueda revertir en represalias para con su familiar.