La Axencia de Protección Urbanística reduce al mínimo su actividad en Barbanza

Los derribos de construcciones ilegales acometidos en el conjunto de Galicia se sitúan en niveles de hace diez años

Jacobo Hortas es el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
Jacobo Hortas es el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Ribeira / La Voz

Desde su creación hace poco más de una década, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) acometió en los municipios del territorio barbanzano el derribo de cerca de cuarenta construcciones ilegales. Sin embargo, la actividad de este organismo durante el año pasado, marcado inevitablemente por la pandemia de coronavirus, se redujo en Galicia a niveles que no se registraban desde hace diez años, y eso también se trasladó a Barbanza, donde las órdenes de reposición de la legalidad se situaron bajo mínimos.

Con todo, aunque no se materializó ningún derribo, en Porto do Son, un municipio que suele situarse a la cabeza en cuanto a los expedientes abiertos por la APLU, sí están en marcha varios procedimientos, y uno de ellos incluye la demolición de una casa en la parroquia de Queiruga. No es el único caso, también en Lousame hay un inmueble que está pendiente de la piqueta, si bien la decisión de tirarlo está recurrida judicialmente y a la espera de resolución.

En este sentido, el regidor sonense, Luis Oujo, explicaba que lo habitual es que este tipo de expedientes se alarguen en el tiempo con los recursos que interponen los propietarios. Esto explica situaciones como la que se dio en el 2016, cuando la agencia autonómica dictó ocho órdenes de derribo en Barbanza, pero solo se ejecutó una.

Amplia casuística

Asimismo, hay ocasiones en las que es posible reponer la legalidad urbanística sin necesidad de demoler la construcción irregular: «Ás veces hai que tirar un galpón ou un muro para solucionar o problema, e tamén houbo casos de inmobles fóra de ordenación que se regularizaron co plan xeral», señalaba Luis Oujo.

En general, los concellos tratan de buscar fórmulas para reponer la legalidad evitando el derribo, y eso también tiene incidencia en el número de órdenes de demolición, como reconocían en Lousame. De hecho, el año pasado, la APLU trasladó a los concellos de la provincia 72 infracciones relacionadas con competencias municipales, como muros de cierre o usos de suelo rústico autorizables directamente por los ayuntamientos, para su tramitación. También se dictaron 13 apercibimientos, una actuación informativa que en ocasiones evita la apertura de expedientes.

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