Lo ha dicho de forma clara la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño: hay que volver a la atención presencial, sin cita previa, en todas las instituciones para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos como tales y un acceso universal, sin necesidad de intermediarios, a todas las Administraciones. Porque si bien es verdad que algunas ya lo han hecho, otras, sobre todo los ayuntamientos, siguen instalados en el paraíso laboral que les trajo la pandemia ¡Y no hay quien los desaloje!
Una pena que ni ella ni el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, digan nada sobre la insuficiente y penosa atención que ofrecen sectores regulados, de obligatoria utilización por parte de todos los ciudadanos, como puede ser el bancario. El nivel del servicio prestado es cicatero, de baja calidad, masificado, con dificultad para acceder a la atención telefónica y obligando a sus clientes a buscarse la vida ellos mismos. Lo más triste es que esto ocurre en el mismo momento en el que sus beneficios marcan récords históricos.
Tanto en el primero como en el segundo caso los usuarios se ven impotentes y, en muchas ocasiones, no pueden ejercer sus derechos plenamente, dándose la paradoja de que en los tiempos de mayor avance tecnológico y de disponibilidad de medios la atención es de más baja calidad. Como es habitual en estos casos, nadie se ha dado por aludida o aludido. Nadie ha dicho que toma nota para resolverlo en el ámbito de sus competencias. Ni tan siquiera evaluar o auditar los servicios que presta cada institución.
¡A ver si al final es un simple espejismo, un mal sueño de la Valedora!