Abogados de Barbanza, Muros y Noia denuncian ante la Valedora los perjuicios de la centralización de casos de violencia de género en Santiago
NOIA

Explican que la medida no protege a las víctimas, que estarán en una situación de desigualdad en el acceso a la justicia
12 jun 2025 . Actualizado a las 13:37 h.Letrados de los partidos judiciales de Barbanza, Muros y Noia, junto con el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez-Cepeda, se reunieron con la valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, «para exponer las graves consecuencias que tendrá para las víctimas de violencia de género la centralización de estos casos en el nuevo juzgado exclusivo de Santiago». En el encuentro le enumeraron los numerosos problemas que traerá esta medida, puesto que «lejos de mejorar la protección de las víctimas, genera desigualdad en el acceso a la justicia», además de que causa un grave perjuicio a las instituciones judiciales de la comarca.
Explican que uno de los principales problemas está en que las mujeres se verán obligadas a viajar hasta Santiago para la instrucción de sus casos, así como para la tramitación de medidas civiles, como divorcios o la custodia de los hijos. «Esta es una discriminación evidentes, puesto que mientras una víctima de violencia de género tiene que desplazarse a los juzgados compostelanos para ser atendida, una persona que denuncia cualquier otro delito mantiene su acceso a la justicia de proximidad en su comarca».
Mantener competencias
Los letrados de Barbanza, Muros y Noia recordaron que durante años se ha hecho un gran esfuerzo por desarrollar en estos partidos judiciales «una infraestructura especializada y eficaz en la atención a las víctimas de violencia de género, con servicios locales que garantizaban una respuesta rápida y cercana».
La centralización de todos los casos en el juzgado especializado de Santiago supone, además de un posible colapso por el gran número de expediente que deberá atender, un perjuicio evidente para las víctimas. Por ello, piden que se sigan manteniendo en esos partidos la competencia territorial en materia de violencia de género.