Si el Gobierno no admite las alegaciones dos fábricas de la zona sufrirán graves pérdidas Las otras factorías afectadas por la decisión del Consejo de Ministros son de generación eléctrica
02 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?l plan individual de asignación de derechos de emisión de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera ha caído como un jarro de agua fría en la zona. Entre las 927 instalaciones industriales de toda España que han obtenido esta concesión del Gobierno se encuentran cinco de la zona. Únicamente las de cogeneración, en Carballo y Coristanco, podrían considerarse bien tratadas. Los ministerios de Industria y Medio Ambiente dieron a conocer este plan con el que se pretende limitar las emisiones netas de los gases de efecto invernadero para cumplir con el Protocolo de Kioto. El plan para el período 2005-2007 incluye el sector de los fabricantes de los ladrillos y tejas, además del eléctrico. En este último la principal perjudicada es la central térmica de Meirama, que debe, a partir del próximo año, reducir a la mitad sus emisiones, lo que podría conllevar una importante reducción de plantilla, como le planteó el PSOE de la zona a Emilio Pérez Touriño para que mediara ante el Gobierno, aunque su actuación no parece haber dado resultados. Al margen de las plantas de generación de energía eléctrica, en la zona las cerámicas son las que se consideran principales afectadas por las medidas decididas en el Consejo de Ministros. Si el Gobierno no atiende a las demandas de este sector, que presentó una alegación conjunta y otras de carácter individual, muchos puestos de trabajo pueden estar en peligro, según Marisol Pardo, responsable de calidad de Cerámicas el Progreso, de Malpica. La fábrica tendrá que reducir ya el año que viene un 20% de sus emisiones, pero sólo puede hacerlo bajando la producción. Marisol Pardo se quejó de que el Gobierno central no ha tenido en cuenta que esta industria de Malpica no tiene ni tendrá ni siquiera a medio plazo un combustible poco contaminante como es el gas, que ha sido el gran beneficiado de este plan. Para José Luis Mira, de Cerámica Campo, la medida es muy negativa para todo el sector, pero destacó que es especialmente dramática para las pequeñas empresas. De hecho en El Progreso incluso hablaron de la posibilidad de cerrar si las exigencias del Gobierno se mantienen, ya que deberían contaminar menos que en el 2002, lo que es prácticamente imposible. En la factoría trabajan treinta personas. Decisión dura Para el grupo Campo, la decisión del Ejecutivo también ha sido extremadamente dura. A esta sociedad sólo se le permitirá enviar a la atmósfera menos de 30.000 toneladas de dióxido de carbono, casi el triple de lo que podrá contaminar El Progreso, pero, en teoría, menos de la mitad de lo que lo hará la planta de cogeneración de Unemsa, la factoría maderera ubicada en Coristanco. El proyecto del Gobierno incluye un Fondo Español de Carbono que permitirá a las industrias más contaminantes comprar derechos de otras. José Luis Mira aseguró que este sistema generará un mercado negro de dióxido de carbono, con el consiguiente incremento de los precios. Augura el próximo cierre de factorías en toda España y señaló que la reducción de emisiones que se exige al sector es enorme.