Hay que andarse con ojo y no contagiarse de los males que últimamente se extienden por el mundo municipal de este rincón de Europa. En vista de las noticias diarias sobre la tropa de imputados, querellas, demandas, recursos, sentencias, comparecencias y demás, es fácil preguntarse si los ediles de nuestros concellos no estarán en peligro de sufrir querulomanía. Pocos ayuntamientos hay que se libren del fragor judicial que invade la vida diaria municipal, bien sea por la operación Orquesta, los tanatorios, la concesión de licencias, las demoliciones de muros, las mociones de censura y las dimisiones de concejales, que son motivo de litigio. Cualquier trámite puede llegar a los tribunales y llevar una y mil vueltas con tal de no cumplir la ley o hacer cumplir lo que las normas no ponen. Posiblemente haya políticos locales que no hagan otra cosa que soñar con los juzgados y la próxima demanda para hacer doblar la rodilla a su contrincante. La querulomanía, el delirio reivindicativo o letigioso o la pleitomanía es un padecimiento que parece acechar a muchos munícipes de este territorio atlántico, pues su principal quehacer diario parece estar en contender, demandar, querellar, recurrir o denunciar, y si es con pólvora del rey, mejor que mejor. La querelus paranoia se expande como una epidemia y salta de concello en concello sin que se pueda controlar el brote. De otro modo no se entiende que en poco más de una semana se hayan vivido los autos en respuesta a los recursos por la operación Orquesta, el Tribunal Superior haya tenido que declararse «incompetente» en una de las múltiples liortas de Vimianzo, un magistrado de lo contencioso hubiese indicando que no hay razones que impidan ejecutar la demolición de una parte del célebre tanatorio en Camariñas, un muro de Coristanco tuviese que ser destruido por mandato de un juez después de tres intentos, los líos en Corcubión sobre quién ha de pagar los abogados, amén de las amenazas con acciones judiciales entre miembros de las corporaciones y representantes de entidades varias. Nunca tanto se ha incumplido la ley ni tantos políticos locales han tenido que comparecer ante los jueces. Lo que de verdad uno se pregunta es de dónde sale tanto dinero para pleitos, mientras en la calle cada vez hay más gente pidiendo y los locales de Cáritas aumentan su clientela, las obras menguan mes a mes y los servicios públicos se van degradando con el paso de los días.
Mientras unos avivan el fuego de la Justicia, a otros se les hace imposible actuar para evitar que una urbanización carballesa se convierta en foco de inseguridad. Viviendas terminadas a merced de los vándalos y ladrones por culpa de la crisis. Se echan en falta medidas para evitar que los inmuebles dejen de ser escenario de robos de materiales y escondites para pandillas que el día menos pensado tienen un disgusto. Un verdadero desmadre y descontrol a causa del abandono por parte de sus ignotos propietarios, mientras las Administraciones miran y callan.