Hasta hace poco más de tres años, la imputación de políticos o empresarios ligados a ellos era algo extraordinario en la comarca. Había, sí, casos de denuncias, juicios por cuestiones urbanísticas, los líos habituales cuando se lleva muchos años en el poder político (o cuando se sobrepasa la raya, sin más) y aparecen enemigos, cabreados o defensores de la legalidad. Incluso los tres supuestos pueden ir juntos. Parecía que quedaban lejos las trifulcas que, por ejemplo, habían mantenido durante años los exregidores de Fisterra, Valentín Castrege o José Fernando Carrillo.
Pero la operación Orquesta lo cambió todo. Tanto, que pasan los años y todo está como estaba, nada menos que con 26 imputados que, entre unos y otros, acumulan múltiples presuntos delitos: tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y falsedad documental. Entre ellos, los alcaldes de Mazaricos, Fisterra y Corcubión, el que lo fue de Cee, concejales de estos municipios funcionarios, técnicos o empresarios. Los más conocidos, los Ogando, padre e hijo.
Aún pendiente
La resolución del proceso, hasta que llegue el juicio parece que aún tardará, y es probable que pase otro año en blanco, solventando recursos pendientes por alguno de los protagonistas. Tardará, o eso creen algunos de los implicados, pero mientras tanto la imputación seguirá pendente sobre sus cabezas.
Tampoco se conoce aún la fecha del juicio por los pagos realizados en la obra de más de la Casa da Cultura de Vimianzo. Un proceso penal que en su día abrió la antigua dirección del PP local y que tiene imputados al constructor (hermano del exalcalde), técnicos, y los ediles que formaban parte de la junta de gobierno de hace dos mandatos. Solo uno de ellos, Antonio Miñones, sigue en activo. En Camariñas, por una denuncia sobre contratación de seguros realizada por el PP, sigue imputado el regidor, Manuel Valeriano Alonso.
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