El exalcalde de Camariñas, Manuel Alonso, inhabilitado cinco años por la trama de los seguros

Nuevo revés judicial para el que fue alcalde de Camariñas entre los años 2007 y 2018, el socialista Manuel Valeriano Alonso de León, Pichurri, que acaba de ser condenado por sendos delitos continuados de prevaricación administrativa y de negociaciones y actividades prohibidas a autoridad o funcionario público por la conocida como trama de los seguros. La Justicia considera probado que Pichurri siguió ejerciendo su anterior empleo como agente de Mapfre una vez accedió a la alcaldía, y que durante dos años gestionó pólizas de seguro (para el Concello) a través de su empresa Pichurri S.L., cobrando las correspondientes comisiones.

Por ello, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña condena a Alonso de León a un total de 5 años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público y a una pena de multa de 4 meses y 15 días con una cuota diaria de 20 euros.

Los hechos se remontan al 2007, cuando el ahora condenado accedió a la alcaldía. «Desde entonces y hasta el año 2009 continuó gestionando pólizas de seguros con Mapfre, ya contratando nuevos seguros, ya prorrogando o renovando los existentes, a través de su empresa Pichurri SL», recoge la magistrada en su sentencia, y continúa relatando que el exalcalde «seguía desempeñando su función de agente exclusivo de aquella aseguradora, a pesar de ser plenamente consciente de que como alcalde no podía realizar actuaciones en asuntos en los que tuviera un interés particular». «Por tales actuaciones la relativa entidad obtuvo las correspondientes comisiones de dichas pólizas, hasta el punto de que en el año 2008 Mapfre abonó al acusado un viaje a la convención Sidney-Bagkok con un coste económico que ascendió a 13.750,52 euros por los objetivos conseguidos», refiere.

A partir del 2009, cuando los seguros los llevaba ya un agente de Coristanco, «dictó al menos catorce decretos en los que acordó el pago de las primas de las pólizas [...] a Mapfre [...] sin subsanar las irregularidades advertidas por el interventor y recogidas en los respectivos informes de reparo y a sabiendas de ello», redacta la magistrada.

El exalcalde manifestó durante el juicio que no fue él quien cobró las comisiones, sino la empresa Pichurri S.L. «con la finalidad de pagar a sus empleados». También aseveró que el interventor en ningún momento le informó de impedimento legal alguno, aunque esta afirmación fue desmentida por el funcionario durante su testimonio. Alonso de León se escudó, asimismo, en el desconocimiento de la norma y aseguró que «un alcalde no está para conocer las leyes, sino para atender a su pueblo».

Respecto al delito de prevaricación administrativa, la jueza considera probado que omitió el procedimiento legal para la contratación, renovación o prórrogas de los contratos de seguros. Adjudicó como menores contratos que no lo eran ni por su importe ni por su duración y obviando la «autorización de la Junta de Gobierno».

Pichurri aseguró que era el propio interventor el que le decía que levantase los reparos y que continuase con el proceso porque «no daba tiempo» a salir a concurso. También dijo que firmaba los decretos que redactaba el propio interventor y que él no los leía porque «siempre confió en los funcionarios», una versión que el propio habilitado nacional desmintió durante la vista.

Consultado al respecto, Alonso de León aseguró que no tiene constancia de la resolución de este proceso ni conoce la sentencia.

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