Al menos los abogados de algunos de los implicados -que han seguido estrategias distintas que van desde recurrirlo todo hasta no oponerse a resolución alguna- consideran que si todo se desarrolla en contra de sus clientes todavía guardan un posible as en la manga
17 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso judicial de la Orquesta, que el próximo 31 de enero cumplirá seis años, todavía puede deparar algunas sorpresas, al margen de las que se han producido ya, con las distintas idas y venidas a la Audiencia Provincial y con las peticiones de penas formuladas por la Fiscalía.
Al menos los abogados de algunos de los implicados -que han seguido estrategias distintas que van desde recurrirlo todo hasta no oponerse a resolución alguna- consideran que si todo se desarrolla en contra de sus clientes todavía guardan un posible as en la manga.
Tiene que ver con lo que algunos denominan «raíces viciadas», es decir, que el proceso estaría viciado desde un inicio y, por tanto, sería anulable en su conjunto. Y es que la operación Orquesta, que luego derivó en las causas separadas de Cee, Fisterra, Corcubión y Mazaricos, se origina a raíz de una operación de tráfico de drogas. Las conversaciones intervenidas son las que luego dan lugar a la investigación de los supuestos delitos de corrupción política.
Pues bien, esa causa tiene pendiente de resolución desde hace más de un año un recurso de nulidad. En el caso de que sea concedido, podría afectar a la Orquesta desbaratando el proceso.
Sin embargo, una teoría muy parecida ya la manejaban algunos letrados en base a lo ocurrido en Lugo con la supuesta trama para retirar multas de tráfico y está relacionado con el reparto de asuntos judiciales. En teoría, el juez Lago Louro, que se encargaba del caso de tráfico de drogas, no podía ponerse a investigar de manera automática la Orquesta. Tenía que mandarlo a reparto y que se sortease entre los dos juzgados de Corcubión, el suyo y el número 1. No lo hizo y alguno de los encausados recurrió, pero en contra de lo ocurrido en Lugo las instancias judiciales superiores no le dieron la razón, con lo que el proceder del instructor quedó validado.
También había dudas respecto a la legitimidad de las escuchas telefónicas que fueron la base todo y un sustento importante de los cargos, especialmente de los que pesan contra el alcalde de Cee. Pero también en este caso, los investigadores se preocuparon de presentar una nueva solicitud, para iniciar un proceso distintos y que, por tanto, los pinchazos tuviesen validez legal.
Todos matices sobre los que existe controversia jurídica incluso entre las más altas instancias y entre reconocidos autores, con lo que tampoco cabe extraer conclusiones sobre el efectos que pudiesen tener. Lo que sí está claro es que, en caso de que pinte mal para los acusados, garantiza un panorama futuro de recursos y prolongación en el tiempo de la resolución definitiva.