Antonio Pensado se escuda en los técnicos: «Jamás me salté los procedimientos»

«Jamás me salté los procedimientos». «Nunca intervine a favor de una empresa [Gesmaga] u otra [Miramontes]». «Jamás provoqué un enfrentamiento con la secretaria [municipal, Mari Carmen Seoane Bouzas]». «Parece que todo venía contra mí». «Jamás nadie podrá demostrar ni decir lo contrario». «Actué dentro de la pura legalidad». «Jamás intervine yo en eso [adjudicación de obra pública]». «Adjudicaba la mesa de contratación, yo jamás participé».

El alcalde de Coristanco entre 1991 y 2015, Antonio Pensado Plágaro, se volvió a escudar, como ya hiciera en el juicio celebrado en julio y del que salió absuelto, en los informes y dictámenes «de los técnicos» para tratar de demostrar su inocencia en este procedimiento penal abierto contra él y los tres hermanos gerentes de Construcciones Alejandro Martínez e Hijos, Maracaná y Gesmaga. A los cuatro se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial.

Pero a diferencia de lo sucedido en julio, Antonio Pensado cambió de estrategia, y en la vista celebrada en la mañana de este viernes solo aceptó las preguntas de la defensa. El exregidor tuvo que abordar muchos frentes abiertos: supuestas irregularidades en la contratación pública en favor de Maracaná, depósitos de materiales y residuos en una finca en la parroquia de Traba, propiedad de Maracaná, la mala relación que mantenía —con querella de acoso laboral incluida de la funcionaria que acabó sobreseída— con la entonces secretaria municipal, Mari Carmen Seoane, o la concesión de licencias para la construcción de sendas plantas de lodos por Gesmaga y Miramontes.

Con respecto a la «estrecha relación», como la define la Fiscalía, con los tres hermanos, representantes del grupo Maracaná, Antonio Pensado la calificó de «normal, como con todos los vecinos». Y añadió: «Todos nacimos y vivimos en Coristanco». Aseguró, por ejemplo, que solo mantuvo dos encuentros cercanos con los hermanos Martínez Pena: «El día que falleció el padre en accidente de tráfico en Medina del Campo y durante un viaje al que fui como invitado por una empresa para conocer un proyecto minero a cielo abierto similar al que se planteaba por aquel entonces en Cabana». También negó que interfiriera en favor de esta empresa coristanquesa en la adjudicación de 30 de 45 obras entre los años 2009 y 2013, como defiende la Fiscalía: «No es cierto, en algunos planes de obras de la Diputación, de la Xunta... Una empresa pudo resultar más beneficiada, y en otros, otras empresas». Citó a «Andrade» como otra supuesta beneficiaria de contratación pública, y que no está encausada en este procedimiento: «Andrade, por ejemplo, llegó a ser adjudicataria del 80% de un plan de obras y la de los tres hermanos que se encuentran en esta sala, del 20%». Dejando claro Pensado que los procedimientos y trámites eran cosa «de los técnicos». Y añadió: «Eran los que abrían los sobres, los que adjudicaban las obras... Todo se hacía en la mesa de contratación, en la que estaban la secretaria, la interventora, la tesorera y una o dos personas de administración. Yo jamás intervine en nada. Después, si la obra era menor se aprobaba en la junta local de gobierno, y si era mayor, era el pleno el que la validaba. Yo jamás participé ni di indicaciones, solo cumplí con la legalidad y las bases de contratación».

Argumentos

Para argumentar más su imparcialidad, Pensado recordó que siendo alcalde, ordenó el derribo de una vivienda que figuraba a nombre de la madre de los hermanos, Dolores Pena Cambón, a instancia de una denuncia presentada por una particular y que finalmente el Contencioso Administrativo le dio la razón a la parte demandada: «Yo cumplí con mi trabajo. Había una denuncia y di indicaciones a los técnicos que la tramitaran, como no podía ser de otra forma». O cuando Maracaná recibió sendas multas de 1.500 y 15.000 euros por la acumulación de residuos y restos de obras en una finca de su titularidad, situada en la parroquia de Traba.

Otro punto caliente fue el relacionado con las licencias para la construcción de sendas plantas de compostaje que Gesmaga y su rival Miramontes querían construir en Coristanco: «Cuando recibí los permisos para las licencias, la única indicación que di a los técnicos es que las trataran por igual ya que era conocedor de la mala relación existente entre ambas». No está de acuerdo el exmandatario de que los proyectos eran similares. «La de Gesmaga era planta cerrada y la de Miramontes, abierta. Fueron los técnicos los que requirieron a Miramontes para que contestara a las alegaciones formuladas desde el Concello, pero no las contestaron. Pero no hubo trato de favor alguno», sentenció.

También intervino en esta primera sesión, el hermano mayor y cabeza visible del grupo Construcciones Martínez e Hijos, Gesmaga y Maracaná». José Manuel Martínez Pena señaló en su declaración que la empresa no recibió ningún trato de favor alguno por parte del exalcalde. Con respecto a las 30 de las 45 adjudicaciones de obras concedidas entre el 2009 y el 2013, señaló que «hasta finales del 2012» era su madre, Dolores Pena Cambón, la que hacía y deshacía: «Ella era la que firmaba los contratos, la que realizaba las gestiones con los bancos...». La función de José Antonio por aquel entonces era la de dirigir las obras y hablar con los ingenieros. También señaló que su relación con Antonio Pensado era «normal», pero negó que actuaran en connivencia. Y sobre el supuesto trato de favor en la concesión de licencia para una planta de lodos, José Manuel Martínez, que solo atendió a las preguntas de su letrado, dijo que se limitó a seguir los procedimientos. Y recordó que su proyecto sufrió un retraso de cuatro años, hasta el 2018.

La Fiscalía solicita por estos hechos 4 años y medio de cárcel y 36 de inhabilitación para el exalcalde, y 4 años y 7 meses de prisión para cada uno de los hermanos Martínez Pena y una multa de 5,4 millones de euros. La acusación particular eleva la petición de condena para el exregidor hasta los 5 años y medio de cárcel.

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