El Concello de Laxe pide a Costas que no elimine el merendero de Soesto

M. L. CARBALLO / LA VOZ

LAXE

Imagen del pleno celebrado el jueves en Laxe
Imagen del pleno celebrado el jueves en Laxe ANA GARCÍA

En el pleno del jueves también se aprobaron el pago de facturas pendientes y otras medidas

29 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de BNG y Podemos, la corporación de Laxe acordó el jueves pedirle a Costas que no ejecute la retirada del merendero de Soesto que había previsto. Otras actuaciones que acometerá el ente afectarán a una zona de la playa de Traba y, también, al arenal de la capital municipal, en donde solo se mantendrán los accesos que dispongan de pasarela.

En la sesión del jueves también se aprobaron varios reconocimientos extrajudiciales para el pago de facturas correspondientes a la anualidad anterior: 78.463 por agua, 4.107 por alumbrado, 6.889 por gastos derivados del colegio y otros 943 de gastos menores. BNG y Podemos votaron en contra y por parte del PSOE no hubo asistencia.

La revisión de las bases de unos procesos selectivos para estabilización de personal y un alza de dos céntimos por metro cúbico de agua fueron otros de los acuerdos adoptados. Además, se rechazaron sendas mociones de Podemos relativas al picudo rojo que afecta a las palmeras y a la sanidad pública, y se aceptaron otras del BNG sobre mejoras en el CPI Cabo da Area y en la urbanización de la Avenida Isidro Parga Pondal.

Adhesión al acuerdo de la FEMP para ahorrar en luz

El Concello de Laxe ha iniciado los trámites para adherirse al convenio de la FEMP para la contratación del suministro de electricidad. Es una decisión, explican desde el ejecutivo que lidera Francisco Charlín, que permitirá «obter mellores condicións económicas no contrato da luz e unha importante redución do gasto enerxético municipal». El importe anual del contrato, IVA aparte, asciende a 185.950,41 euros, y el acuerdo tendrá una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro. Con esta medida, el gobierno avanza «cara unha xestión máis eficiente e sostible dos fondos públicos», aseguran.