Altadis, en sus alegaciones, reconoce ser el dueño del 99% de los terrenos afectados por el cambio del PGOM para construir viviendas protegidas. ¿Y el 1% restante? En manos de un coruñés de Ramón y Cajal, que se personó como parte interesada en el expediente y que pide una compensación por la pérdida de su terreno. Son por lo tanto cuatro las alegaciones recibidas (Altadis, PP, BNG, un particular) al acuerdo del pleno de diciembre, aunque el Ayuntamiento espera en recibir más: «Si han sido presentadas en el Gobierno Civil tardarán varios días», resumió ayer el Concello. Pero el gobierno local recibió más que alegaciones al proyecto. El interés por las viviendas protegidas crece día a día, y junto a las reclamaciones el registro municipal ha archivado peticiones como la de un «matrimonio de 30 años y con una hija». «Siempre censados en La Coruña», apuntan por si acaso.