La letra pequeña de la opa lanzada por Imperial Tobacco sobre Altadis -cuyo plazo de aceptación comenzará el lunes- no ha gustado nada a los trabajadores de la empresa y tampoco a algunos de sus altos cargos que, a diferencia de los principales ejecutivos, podrían salir perjudicados. Aunque no lo explican con claridad, los responsables de la multinacional británica advierten en el folleto de su oferta -publicado ayer y aprobado la víspera por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- que no pueden «descartar la posibilidad de que se realicen cambios en el futuro en el número de empleados y directivos del grupo, o en los términos y condiciones laborales de los mismos tras la realización de una revisión detallada». Esa «revisión» de la que hablan los ejecutivos de Imperial se sabía que se iba a realizar, pero se desconocía en qué términos, de ahí el resquemor en el comité de empresa de la tabaquera hispanofrancesa.
Los sindicatos temían algo así desde que se presentó la oferta británica en julio, pues dos tercios de los 42.000 empleados de la nueva sociedad corresponderán a la aportación de Altadis, que dispone de 35 fábricas (5 en España) frente a las 30 de Imperial.