La concejala de Medio Ambiente explicó ayer que una vez aprobada la ordenanza antibotellón de forma definitiva se elaborará un catálogo de equivalencias entre las sanciones y los trabajos y cursos que se oferten para sustituirlas. Recordó que las multas oscilarán entre los 200 y los 3.000 euros y, en caso de que los infractores sean menores de edad, los padres o tutores se harán cargo de la responsabilidad civil por daños y perjuicios causados. Las leves y graves podrán sustituirse por trabajos o actividades en beneficio de la comunidad o por la participación en cursos sobre la prevención del consumo de alcohol o educación cívica.
Carlos Negreira dijo que la ordenanza es una «propuesta pobre» y criticó que no vaya acompañada por un plan de ocio nocturno alternativo. Tras el pleno, el primer teniente de alcalde, Enrique Tello, avanzó que ese plan se está «ultimando» y que hay un convenio con el Instituto Galego de Consumo y la federación de bebidas espirituosas para desarrollar actividades preventivas.