El PP denuncia en el Parlamento la «presión» que A Mesa ejerce sobre los comercios coruñeses
A CORUÑA
El portavoz del grupo municipal del PP de A Coruña, Carlos Negreira, presentó ayer, junto a la diputada Beatriz Mato, una iniciativa que trasladarán al Parlamento gallego en la que solicitan información a la Xunta ante las quejas dirigidas por comerciantes y empresarios que han recibido cartas de A Mesa pola Normalización Lingüística en las que «presionan» con abrir un expediente de queja.
Según afirman desde el PP, son más de 500 los supuestos expedientes abiertos por esta entidad, «cuyo formato y contenido se parece a los usados por las administraciones en sus expedientes sancionadores, lo que está generando preocupación e inquietud entre los afectados». Para la diputada Beatriz Mato, «estas misivas suponen que esta entidad está asumiendo con un afán superior competencias que no le corresponden en un tono coaccionador y exigiendo que se les responda».
Por este motivo, los populares pretenden interrogar al Gobierno autonómico sobre si conocen la existencia de estas cartas y las correspondientes quejas de los afectados. Y, en caso afirmativo, preguntan si la Xunta tomará algún tipo de medidas para evitar que A Mesa continúe enviando estos escritos «bajo la apariencia de un organismo oficial, y requiriendo información a los empresarios que no tienen la obligación de aportar», según apuntan desde el grupo municipal popular.
Carlos Negreira quiso hacer hincapié en que el Partido Popular está a favor de sensibilizar a la población para fomentar el uso del gallego, pero que no van a tolerar «que se genere inquietud por creer que la denuncia puede derivar en algún tipo de sanción».
Discriminación
Por su parte, desde A Mesa pola Normalización Lingüística, su presidente, Carlos Callón, asegura que le preocupa que «Negreira ampare comportamentos discriminatorios coa lingua», y destaca que los expedientes que elaboran «son informativos, e poden ser de mera consulta ou incluso de felicitacións para os comercios». Asegura también que se limitan a «convidar a que se utilice o galego, e facer unha comunicación por escrito ás empresas e ás institucións cando atopamos un caso de discriminación coa lingua».