El jueves se celebrará una comisión informativa en el Ayuntamiento con un tema central: la designación de los expertos que asesorarán a los miembros de la comisión de honores, para poder aplicar la normativa incluida en la ley de la memoria histórica. Los miembros del equipo de gobierno han propuesto a seis especialistas para que formen parte de este nuevo organismo, y que han sido seleccionados «por su formación o por su activa participación pública en asuntos relacionados con el tema del dictamen, y acreditan conocimiento de la materia».
La lista que propone el ejecutivo municipal está formada por José Antonio Portero Molina, ex rector de la Universidade da Coruña y catedrático de Derecho Constitucional; Ana Romero Masiá, escritora especializada en el republicanismo; Juan José Sánchez Arévalo, miembro del Ateneo Republicano de Galicia; Luis Lamela García, autor de varios libros sobre la represión franquista; José Manuel Alfeirán, coordinador técnico de los actos organizados con motivo del ochocientos aniversario de la ciudad; y Manuel Monge González, ex concejal del BNG y presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.
Según explica el alcalde en la propuesta, hace un año se aprobaba una ley que tenía por objeto establecer «medidas a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y que pretende recoger y dar continuidad al espíritu de reconciliación y concordia, y respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guió la transición». En este sentido, la nueva normativa establece una serie de demandas, entre ellas, la retirada de símbolos o monumentos que hagan referencia a la contienda bélica o a la dictadura. Por ello, se obliga a los ayuntamientos a la supresión de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y todo lo que tuvo lugar después de esta.
Callejero
Aunque no se explicita que esta ley afecte también al nombre de algunas calles, Losada afirma que «cabalmente debe entenderse que denominar una vía pública con el nombre de un personaje o de unos hechos determinados supone un reconocimiento social positivo acerca de este o aquel». El regidor recuerda que, en los últimos meses, han ido desapareciendo de manera práctica y consensuada la mayor parte de los símbolos, «y ahora se trata de asumir el espíritu que inspiró al legislador y dar cumplida y definitiva respuesta a todas las aspiraciones legítimas».