Por Laureano López | laureano.lopez@lavoz.es
11 oct 2010 . Actualizado a las 11:49 h.El Tribunal Superior de Xustiza ha tocado esta semana dos veces la actualidad local. Una de manera directa, con la sentencia que acaba de condenar al Ayuntamiento a pagar 8 millones de euros a cinco particulares a los que en 1989 expropiaron sus terrenos para construir un campo de fútbol. En lugar de pasto para peloteros, el suelo se vendió para construir lo que hoy es un centro comercial y varios bloques de viviendas.
El gobierno local, que ha acatado la sentencia y desembolsará los euros -por cierto, los euros de todos-, se ha defendido argumentando que lo hizo en aras del interés general. Resumiendo: genera más empleos y más rendimiento cuantitativo y cualitativo para la ciudad la construcción de otro centro comercial y de unos cuantos bloques de viviendas -aunque solo en A Coruña hay 17.000 vacías- que un campo de fútbol. Aunque es evidente que así es, visto el fallo judicial y sus consecuencias está claro que las cosas debieron hacerse de otra forma. No es la única pega judicial al plan de Someso que tiene efectos sobre el interés general de los coruñeses: otra sentencia, esta sobre la Torre Urbis, puede acarrear como mal menor un nuevo gasto extra de todos.
El fallo del tribunal fue dado a conocer por el PP en pleno proceso de revisión de un Plan General hecho por y para los ciudadanos, según insisten desde María Pita. Vistos los precedentes, esperemos que se esté extremando la transparencia en los métodos y en los objetivos, que a priori son buenos. Que sea en aras del interés general, porque cuando se producen errores en la cosa urbanística no suelen depurarse responsabilidades particulares.
El mismo Tribunal Superior es protagonista indirecto de la actualidad con el inicio de la precampaña de Carlos Negreira, candidato del PP a la alcaldía. Como ya hiciera Unión Coruñesa, Negreira ha llevado el debate toponímico a un cartel de su partido. Su «Ayer por Galicia, ahora por La Coruña» ha provocado una cascada de reacciones políticas, a favor y en contra.
La polémica viene de viejo. En 1983 la Xunta, a través de la Lei de Normalización Lingüística, declaró como único topónimo de la ciudad A Coruña. La norma fue incumplida de manera reiterada por el gobierno municipal (que ahora la acata), lo que motivó una denuncia del PP (el mismo que ahora pide el regreso de la L) para que se cumpliera. Once años después, el Tribunal Superior falló a favor de esa demanda. La pérdida de la mayoría absoluta socialista y la entrada del BNG en el gobierno local acabó definitivamente con la resistencia oficial. Pero no con la extraoficial: Concejales del PP y del PSOE y el propio alcalde usan a menudo la forma La Coruña para referirse a la ciudad, y cualquier ciudadano puede llamar a su ciudad como le venga en gana sin que se monten revueltas ni barricadas en las calles. Acertado o no, Carlos Negreira sabe bien lo que hace resucitando la polémica del topónimo, pero también es comprensible la indignación del alcalde y del BNG tras el cierre de filas del presidente de la Xunta. Que Alberto Núñez Feijoo anuncie un cambio en la Lei de Normalización Lingüística en función de que Negreira gane o no las municipales del próximo mes de mayo es una maniobra impropia de un presidente de todos. Y, desde luego, no le ampara el hecho de que ningún presidente de la Xunta haya mantenido al dedillo la neutralidad debida.
Los políticos saben que Someso y el topónimo dan y quitan votos. Y que cualquier decisión que toman tiene su coste económico en la caja municipal. Si el dinero de todos está bien gastado y si lo que hacen los que se dedican a la cosa pública responde al interés general o a otros intereses lo juzgarán en mayo los coruñeses. Incluidos la legión de los que no tienen trabajo, palabra que no lleva ele. Que es sinónimo de desempleado, que sí la lleva.