Los padres de Diego Novo, el niño de cuatro años que murió en la piscina, creyeron desde el primer momento en la imputabilidad de los propietarios del Liceo. Su abogado, José Luis Aranguren, afirmó que «el fallecimiento del menor ha sido consecuencia de una concatenación de múltiples y gravísimas negligencias de las que han de responder no solo las personas que se encontraban directamente a cargo del grupo de niños al que Diego pertenecía, sino también aquellas otras que de una y otra manera han omitido los más elementales deberes de cuidado y vigilancia».
Además, justifica su petición porque «no existía protocolo alguno -ni escrito ni verbal- sobre el modo en el que ha de procederse una vez que finaliza la clase de natación para salvaguardar la integridad de los alumnos, que no había el menor control de los responsables del centro sobre cómo se desarrollarán de hecho las clases de natación, que no se dotaba a las clases del profesorado suficiente para una debida atención».
El letrado cuestiona que sus reiteradas peticiones hayan tenido «la callada por respuesta» y reclama para esta causa las mismas responsabilidades que se piden en el caso de los delitos contra los derechos de los trabajadores, y recuerda que «aunque haya otros encargados, si los empresarios no velan por que se cumplan las normas de seguridad, se les ha de imputar, y también se les ha de condenar».