Las diputaciones se han convertido en protagonistas del debate político de agosto. A Rubalcaba el tema le ha gustado de forma especial y lo ha convertido en uno de los ejes de su campaña. Propone ahora transferir el grueso de sus competencias a las comunidades autónomas y sustituir los diputados provinciales por un consejo de alcaldes. Todo ello para ahorrar mil millones de euros al año, el 20 % de lo que gastan los organismos provinciales.
El BNG propone una reforma legal que permita redistribuir sus competencias entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y el PP, que acaba de conseguir el gobierno de la mayoría de las corporaciones provinciales, se toma el asunto con calma y lo enmarca en una reforma global de la Administración pública.
Lo cierto es que esa reforma vendrá impuesta por las inacabables exigencias de recorte del gasto público, tendrá que ser abordada con más urgencia de la que contempla el PP y para ahorrar más de lo que dice Rubalcaba. Por ello, no se deben crear nuevos órganos que generen gasto, sino redistribuir las competencias de las diputaciones entre los que ya existen, es decir, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y entre estos, no los actuales, sino los que queden después de que se les aplique también el imprescindible ajuste. Si no hay razón para que las diputaciones sigan gestionando restos de competencias, tampoco para que sigan existiendo ayuntamientos que se han quedado sin población a la que servir. La reforma debe ser coordinada y en profundidad para que la Administración abandone del todo el siglo XIX y se instale en el XXI.