La viabilidad de la planta levantada en Nostián tras el desplome del vertedero sigue en entredicho
07 sep 2011 . Actualizado a las 14:01 h.El sábado se cumplirán quince años de uno de los episodios, con permiso de las catástrofes marítimas, más recordados de la historia reciente local. Aquel 10 de septiembre de 1996, el vertedero coruñés se venía abajo. Una avalancha de 200.000 metros cúbicos de basura se derrumbó sobre O Portiño, llevándose por delante la vida de Joaquín Serantes, un hombre de 58 años que limpiaba su coche junto al muelle.
Horas después, las autoridades calculaban que serían necesarios veinte días para devolver Bens a la normalidad. Pero pasaron cinco años hasta que el 5 de junio del 2001, Día Mundial del Medio Ambiente, el basurero se transformó en parque. El 2 % de la superficie total del municipio, 600.000 metros cuadrados, se convirtieron en jardín después de una inversión de 18 millones de euros y el sellado de un vertedero que abrió, además, una nueva etapa en el modelo de gestión de las residuos urbanos. En paralelo se impulsaba la creación de la planta de tratamiento de Nostián, inaugurada el 19 de enero del 2002 con un coste de 42 millones de euros.
Hoy, quince años después, esa apuesta por el reciclaje que supuso la construcción del complejo, enseña ecológica con la que los gobiernos socialistas situaban a A Coruña como isla verde en una Galicia entregada a la incineración, se presenta como uno de los dolores de cabeza del nuevo ejecutivo local. En su etapa en la oposición, el equipo del hoy alcalde Negreira la catalogó como ejemplo de «estafa medioambiental», hasta el punto de reclamar la elaboración de dos auditorías, medioambiental y económica, sobre el funcionamiento y las cuentas de las instalaciones que gestiona Albada.
Obras sin recepcionar
Varias y variadas son las dudas que, según los populares, ponen en duda la viabilidad de un sistema de tratamiento y gestión de las basuras que ahora, ya gobernando en María Pita, deberán resolver. La primera tiene que ver con la recepción por parte del Ayuntamiento de unas obras que cumplen diez años, y que han pasado por diferentes incidentes. Entre ellos, el estallido de uno de los biodigestores, que paralizó del proceso durante más de un año.
Además, también tendrá que aclarar el nuevo gobierno municipal la capacidad real de reciclaje y tratamiento de la propia planta, ya que el PP hizo bandera en la precampaña de que el 70 % de la basura (110.000 toneladas) se enterraba directamente, primero en la balsa de rechazos y después, una vez a rebosar, en el vertedero de Sobrado. Mientras, el PSOE sostenía que el 100 % de los residuos se separaban y recibían algún tipo de tratamiento, y que el 50 %, correspondiente a los rechazos ya tratados sin posibilidad de reciclaje vía valoración o transformación en compost, se enviaban al vertedero.
Otro de los frentes abiertos, no menos complejo, es el de las cuentas. El actual ejecutivo castigó durante meses al anterior con la deuda de Nostián, que cifró en 60 millones, y aseguró que la UE podía reclamar otros 12 tras la investigación abierta por la Oficina de Lucha contra el Fraude, a instancias de un particular que mantenía cinco contenciosos con el Ayuntamiento debido a los terrenos afectados, por las subvenciones concedidas para levantar la planta.
Cerrada la polémica por las pesquisas europeas, queda cifrar si las compensaciones reclamadas por Albada en el 2009 por obras realizadas y el sobrecoste de los traslados a Sobrado asciende a 60 millones. En esta cifra, la adjudicataria computa 33,2 millones por una nueva nave automatizada que construyó para asumir el trabajo que se derivaría del convenio con Sogama. Fue en el 2007 y nunca llegó a llevarse a la práctica el intercambio de residuos orgánicos por rechazos con la incineradora, de nuevo avalado por los técnicos recientemente y pendiente de la voluntad política.