Elimina la cláusula que atribuía a la Xunta la financiación de esta obra
24 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La junta de gobierno local dio ayer el visto bueno al convenio de colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento para la construcción de la nueva sede judicial de la ciudad en el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos. Un protocolo que prevé destinar a usos judiciales 14.000 de los 17.000 metros cuadrados del inmueble, cuyos gastos de rehabilitación y reforma correrán a cuenta de la Xunta, y dejar otros 3.000 metros pendientes de que ambas administraciones pacten su uso.
Lo que queda en el aire es quien correrá con las obras en esa parte del edificio, puesto que el convenio firmado este verano suprime una de las cláusulas previstas en el borrador aprobado por el anterior gobierno, en la que se fijaba que estas «serían tamén executadas con cargo aos orzamentos da comunidade autónoma». En lugar de esto, la redacción final establece que la superficie restante quedará en reserva para necesidades futuras «que serán determinadas de común acordo entre o Concello e a Xunta».
A cambio, el Ayuntamiento endurece otras cláusulas del convenio, especialmente la que fija el derecho a recuperar la titularidad del edificio en caso de que este no se destine al uso pactado, que lo será de forma «permanente», o si se deja sin uso el 50 % de la superficie útil del inmueble, al tiempo que el gobierno local se atribuye un representante en el jurado que decida el proyecto de rehabilitación de la fábrica.
San Andrés
Asimismo, la junta de gobierno de ayer aprobó la inversión de 850.000 euros en las obras de la primera fase de la rehabilitación de San Andrés, entre la iglesia Castrense y la plaza Pintor Álvarez Sotomayor, con la instalación de una plataforma única que sirva para cualquier medio de transporte.
Además de dar el visto bueno a licencias por valor de 1,3 millones de euros, la junta autorizó la colocación de una rampa en las torres de San Diego, para mejorar la accesibilidad.