Fue uno de los suyos, la exministra Carmen Chacón, la que más le metió el dedo en el ojo. «Sí, es cierto, no debimos indultar a los banqueros», comentó la catalana el viernes ante decenas de personas en el Casino durante un acto organizado por el firmante del indulto, su compañero de gabinete Francisco Caamaño. Fue el remate a una semana de despropósitos del exministro de Justicia, que no acaba de encontrar su sitio en la política gallega, donde pasó de aspirante a todo a Hamlet dudoso de casi cualquier solución, capaz de reivindicar una justicia justa, incluso siendo el titular del ramo.
Su paso por la política provincial está marcado por la profunda decepción de las bases. Llegó con todas las bendiciones, en busca de un feudo territorial, y encontró el cobijo de un ya devaluado Salvador Fernández Moreda. La simbiosis entre las necesidades de su antecesor, que precisaba un nuevo cartel para mantener su estatus, y el exministro arrojó una curiosa alianza que arrolló a los críticos, pero que ha generado un vacío de poder evidente en la estructura socialista provincial, donde cada dirigente pugna por conservar su pequeña taifa.
Del Estatut a Cesuras. Un ejemplo es el proceso de reducción de municipios. Fran Caamaño, que presume de experto constitucionalista, ha sido capaz, nada menos, que de llevar la contraria a toda la jurisprudencia existente sobre los aspectos jurídicos. No sorprende, si se tiene en cuenta que fue el encargado de dar el visto bueno al Estatut que luego fue enmendado en buena parte por el Tribunal Constitucional, en otro de los grandes errores que selló el zapaterismo en su epílogo de gestión. En el caso de Cesuras, Caamaño ha sido capaz incluso de contradecir a dos expresidentes socialistas de la Xunta, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, que avalaron las tesis de los alcaldes con su voto favorable en el Consello Consultivo.
Campo de batalla erróneo. Mientras juega al escondite con sus intenciones de heredar la silla de Pachi Vázquez en una extraña alianza que suscita recelos en los dos bandos, juega a estadista en el casillero de la reordenación de la planta municipal con un tacticismo político con el que busca apenas unos pocos votos. Es difícil de entender que un aspirante a líder anteponga la previsión de un supuesto beneficio electoral al interés general que se deduce de los deseos de buena parte de los españoles de reducir el aparato administrativo para abaratar costes, mejorar su eficiencia y obtener más réditos para los impuestos que, con tanto esfuerzo, abonan los ciudadanos, auténticos, y únicos, paganinis de los lujos de los políticos de salón. El PSOE gallego, o el de Cesuras, están en su perfecto derecho de recurrir a los tribunales para discutir las comas de un artículo. Pero sería conveniente que, como partido, se posicionara de forma clara sobre la reorganización de la planta municipal y no aplicara una receta para cada caso para evitar contradicciones que pongan en duda la veracidad de sus intenciones.