En febrero, la dirección de Albada denunció el convenio colectivo vigente en la planta, que había expirado en el mes de diciembre. Apenas quince días más tarde, convocaba al comité a una reunión en la que presentó su plataforma de negociación, que pasaba, principalmente, por una reducción del coste de personal -estimado en unos cuatro millones de euros anuales- en un 25 %.
Un objetivo que pasaba por aumentar la jornada y suprimir pluses pero que, además, acabó derivando en unos despidos que son los que ahora bloquean el acuerdo, ya que el comité exige como condición sine qua non para llegar a cualquier pacto la readmisión de los trabajadores despedidos, que sitúan en once, mientras la empresa los reduce a ocho.
La empresa justifica la necesidad de reducir la masa salarial en la caída sostenida de la actividad en la planta, ya que los residuos recibidos en Nostián se redujeron un 10 % en los últimos dos años, al pasar de las 189.300 toneladas del 2010 a las 170.400 del año pasado. A esto se suma un descenso adicional del 10 % en el primer trimestre de este año.
En lo que respecta a los salarios, frente a la propuesta de la empresa, el comité presentó en abril una plataforma en la que reclama una subida salarial media del 8 %, que la dirección de la planta entiende como inasumible, argumentando que en los últimos cinco años los salarios de la plantilla se han incrementado un 41,2 %. Se trataría, además, de una subida muy superior a la de los dos últimos ejercicios, cuando la revalorización de los salarios se limitó al 3 %. Con todo, la última propuesta de una minoría del comité, en concreto los delegados de Comisiones, ya aceptaba la congelación salarial por la caída de la actividad. Sin embargo, la mayoría que lidera la CIG sigue poniendo la readmisión de los despedidos como clave para cualquier acuerdo.
Pero el bloqueo del convenio y la huelga no son las únicas incógnitas que pesan sobre la planta de Nostián, donde el Ayuntamiento trabaja contrarreloj para cerrar un acuerdo con la Albada que equilibre una concesión que cuesta 6,8 millones de euros al año a las arcas municipales.
Tras dos auditorías, el gobierno local certificó que la concesión registró pérdidas millonarias en los últimos ejercicios, por lo que plantea diferentes escenarios que podrían pasar por un aumento de los costes de gestión y la prórroga del contrato.