Hay circunstancias cuya explicación es tan compleja que acaba pareciendo absurda. Y la huelga de los trabajadores del servicio de tratamiento de basuras de la planta de Nostián (concesión que explota Albada, filial de ACS, la multinacional que gestiona Florentino Pérez) es uno de esos extraños casos. Resulta que su comité de empresa volvió a plantear una convocatoria de paro bajo el pretexto de la defensa de varios puestos de trabajo extinguidos, en unos casos por despidos disciplinarios tras una pelea y en otros por una amortización directa de plazas debido al cambio del sistema de trabajo de la planta. Bajo ese cartel se escondían también algunas reivindicaciones salariales ajenas al contexto de crisis en el que nos movemos y en una firma en la que sus empleados han visto crecer un 42 % en cinco años sus salarios.
Pero, esta vez, los trabajadores de Albada han cumplido con sus obligaciones y, pese a las críticas, también han respetado los servicios mínimos. ¿Por qué luce entonces la ciudad su peor imagen, con bolsas de basura en las principales calles y contenedores que no se han vaciado a lo largo de la última semana? La explicación es sencilla. La empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras es otra diferente (Cespa). Y allí no hay convocatoria formal de huelga. De hecho, los trabajadores niegan que estén haciendo cualquier tipo de paro. Pero la realidad es que la basura sigue amontonándose por toda la ciudad -y los municipios de la comarca- para deteriorar la imagen de A Coruña en una de las semanas de mayor afluencia de visitantes de todo el año. Y que los camiones de recogida solo salen de sus cocheras escoltados por la Policía Nacional para minimizar los sabotajes y ataques «sorpresa», más propios de una guerrilla urbana que de un conflicto laboral en un país con un mínimo de respeto a la legalidad.
Las reacciones. El alcalde, Carlos Negreira, ha lanzado varias llamadas al entendimiento y mantiene reuniones y conversaciones constantes con las empresas implicadas. Pero aún no ha recurrido a medidas drásticas, como las de aplicar multas por los incumplimientos en la prestación de servicios. El PSOE reclama una solución, a pesar de que el germen del conflicto radica en las concesiones que en la anterior huelga se efectuaron a petición del entonces alcalde, Javier Losada, y su concejala de Medio Ambiente, la hoy también edila Nieves Vázquez. Y el BNG va más allá en las críticas, en apoyo de la CIG, su brazo sindical y motor de las protestas. Todo, según el guion. Los que se salen del mismo son, una vez más, el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, y el delegado, Samuel Juárez, de los que nada se sabe en un conflicto que es claramente de orden público y en el que ya se ha destrozado mobiliario urbano -más de 12 contenedores y dos puntos limpios- y se han registrado numerosos incidentes sin que sepamos qué medidas se han tomado. ¿Hasta cuándo habrá que seguir aguantando esta situación?