Cualquiera sabe que los políticos, por lo menos una amplia mayoría, cambian de idea con total facilidad dependiendo de si están en el gobierno o en la oposición. Cualquier excusa es buena para comprobarlo. En esta semana, el alcalde, Carlos Negreira, y la oposición, chocaron en dos temas menores, pero que evidencian el choque entre la necesidad de regular determinados comportamientos y el tacticismo político de calcular los réditos electorales de algunas medidas.
Es el caso del intento del equipo de gobierno, con la concejala Begoña Freire al frente, de poner un poco de orden en la fauna de las terrazas. Su ordenanza contó con el beneplácito de los hosteleros, representados por su presidente, Héctor Cañete, que incluso compareció junto a la concejala para bendecir el proyecto regulador de la ocupación de los espacios públicos. Unos meses después de aquella buena voluntad apenas quedan las fotos del acto y las hemerotecas. Porque una cosa es decir que están dispuestos a pagar y otra bien distinta es aceptar el pago de la tasa pertinente por la ocupación de la vía pública para uso -y lucro- privado. Conviene recordar que la ciudad es de todos y que esas tasas son comunes para la ciudadanía. La oposición, al quite, ha querido hacer méritos. El BNG y Esquerda Unida, tan amigos de defender lo público en el resto de los casos, reclaman, sobre todo los segundos, más flexibilidad para ganarse las simpatías de los autónomos. La socialista Mar Barcón, que fue concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, se conforma «con una moratoria de dos años» para dejar las cosas como están y que unos pocos sigan haciendo su negocio a costa de un bien colectivo. Si les tocara gobernar, ¿estarían de acuerdo Mar Barcón, Xosé Manuel Carril y César Santiso en dejar de cobrar y privilegiar a unos pocos o extenderían ese derroche de generosidad a todos los contribuyentes?
Regular la convivencia. Lejos de ese conflicto sectorial, el pleno del próximo martes volverá a evidenciar las diferencias entre el gobierno local y la oposición. El concejal de Medio Ambiente, Enrique Salvador, ha desarrollado una nueva ordenanza de ruidos para armonizar el derecho al descanso con el de la diversión. Los músicos callejeros se han llevado el protagonismo de esta primera semana de debate sobre la nueva norma, a pesar de que hay otros muchos aspectos trascendentes para combatir la contaminación acústica, como la eliminación de las bandas rugosas, los controles periódicos o las restricciones a las reuniones tumultuosas, con las que se mostró especialmente suspicaz el nacionalista Carril. Lo de los músicos tiene muchas vertientes. La mendicidad organizada es un delito y hay supuestos artistas que apenas son capaces de identificar una nota musical. Hay ciudades que sí hacen un examen a los aspirantes a amenizar el paseo de sus convecinos y no pasa nada. Que al menos haya un poco de control, parece más que razonable.
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