Solo EU vota contra la ordenanza de ruidos en su aprobación inicial
15 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El pleno dio ayer el visto bueno a la aprobación inicial de la nueva ordenanza de ruidos sin demasiado escándalo, en un debate de guante blanco en el que se hicieron patentes menos diferencias de lo que indica la disparidad de las votaciones. Solo el PP votó a favor de la normativa, mientras que PSOE y BNG se abstuvieron y EU la rechazó. La ordenanza sustituirá a la que está vigente desde el año 1997. En principió será aprobada de forma definitiva en primavera, tras el trámite de alegaciones.
Entre otras novedades, la norma prevé que no se puedan instalar pubs, karaokes, cafés cantantes y similares a menos de 25 metros de otro establecimiento del mismo tipo. Las salas de fiestas, baile y discotecas deberán estar a una distancia mínima de cien metros. Esas reglas están pensadas para evitar las concentraciones de locales nocturnos que, como ocurría en la zona del Orzán en el pasado, impedían el descanso de los vecinos.
La ordenanza fue defendida por el edil de Urbanismo, Martín Fernández Prado, que subrayó que «no prohíbe ninguna actividad en la vía pública», que «no se hará pasar un examen a los músicos callejeros» y que, «lejos de privatizar», solo pretende «regular el uso de la calle que es de todos los ciudadanos».
Sin embargo, se mostró dispuesto a discutir las aportaciones de la oposición para intentar alcanzar el máximo consenso en la aprobación definitiva.
El BNG marca la vía a seguir
Las críticas de los tres partidos de la bancada contraria fueron muy similares. De hecho, la línea argumental del PSOE y EU fue calcada a los planteamientos que hizo el portavoz del Bloque, Xosé Manuel Carril, en la comisión del viernes pasado. Incluso Fernández Prado no dudó en «agradecer» varias veces el trabajo previo al edil nacionalista, el único que planteó objeciones al texto en aquella reunión.
Carril criticó que la norma fomenta la «privatización» de servicios públicos al permitir que empresas privadas hagan las mediciones de ruido, y emplazó al gobierno local a que policías municipales acompañen a esos operarios, de forma que las denuncias tengan peso real al ser agentes de la autoridad.
El portavoz del BNG también calificó de «perigosos» algunos artículos del texto «tal e como están redactados». Se refería al apartado que proscribe las «reuniones tumultuosas», un «concepto xurídico confuso» que, insistió, podría ser utilizado para prohibir concentraciones de protesta. Carril pidió que se matice su redacción para impedir que se aplique de esa forma.
Lejos de rechazar la sugerencia, Fernández Prado cogió el guante y aseguró que «no hay problema, se puede matizar» esa parte del articulado. Sí rechazó de plano la supuesta privatización, y recordó que esas empresas, homologadas por la Xunta, trabajan ya en ciudades con gobiernos del PSOE.
El texto definitivo, con aportaciones por consenso o sin ellas, saldrá a la luz en primavera.