El Ayuntamiento agotará todos los recursos para salvar el inmueble
03 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento ante el Supremo para evitar la condena del edificio Conde de Fenosa, tuvo poco recorrido. Poco más de una semana después de presentado el documento, el Tribunal respondió desestimando la petición municipal. Parecía un punto y final, pero no lo es, porque la cuerda judicial se seguirá tensando desde A Coruña para evitar males mayores. Ante el Supremo se argumentaba que se estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Agarrados a ese ardiente clavo, el futuro inmediato parece verse venir.
¿Qué va a pasar ahora?
«Estamos para agotar todas las vías», dijo ayer el alcalde, Carlos Negreira, que lo dejó blanco y en botella: la última de las que quedan es el amparo ante el Constitucional, y aunque no lo dijo expresamente, es prácticamente seguro que allí acabará el caso. «Agotaremos todas las posibilidades que haya, por eso que no quede», reiteró el regidor.
¿Qué recorrido tiene en caso ente el Constitucional?
Aunque puede pasar de todo, no parece que el tribunal encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución -el mismo que estos días se encarga de la consulta catalana- vaya a darle mucho margen al Conde de Fenosa. Es bastante probable que sea rechazado igual de rápido que lo hizo el Supremo.
Si eso falla, ¿solo queda el derribo?
Pues eso también está por ver. Muchos consideran que esa es la única opción posible, pero fuentes del gobierno local hablan de otras vías. De hecho, existe un expediente de legalización en marcha -ya lo hubo antes- que se utilizaría para respaldar el Conde de Fenosa con actuaciones mínimas, algo que, dicen desde el gobierno local, ya funcionó en otros casos. «Las sentencias se pueden cumplir de muchas maneras», indica la misma fuente.
¿De dónde viene el problema?
En los años noventa Fenosa, que tenía allí su sede local, decidió vender el edificio. En principio convocó un concurso público para seleccionar el proyecto ganador, pero en medio de ese proceso decidió anular el concurso y cerrar un acuerdo con Fadesa. Había varios arquitectos trabajando en el caso cuando se cerró esa posibilidad sin que se diesen explicaciones ni se indemnizase el tiempo perdido de los profesionales que dedicaron tiempo y esfuerzo a ese asunto. Fue uno de ellos quien denunció irregularidades en el proyecto final.
¿Qué medidas se tomaron?
En la obra, ninguna. El caso llegó a los tribunales que, en el año 2001, dieron la razón al demandante. En diciembre de ese año una sentencia condenó a una reposición de la legalidad que no llevaba acarreado el derribo pero que, en la práctica, solo podrían hacerse tirando el Conde de Fenosa, al menos eso se decía desde el Ayuntamiento. El asunto acabó recurrido y el TSXG acabó perdonando la vida al inmueble. Pero fue entonces la otra parte la que recurrió de nuevo, y en esta ocasión el Supremo le dio la razón el pasado agosto. Ahora, tras el rechazo del incidente de nulidad, se agotó la vía ordinaria para reclamar.
¿Qué incumple el inmueble?
Hoy, nada, pero con la normativa que se le aplicaba en su día sí había problemas en el patio, garajes y fachada.
¿Cómo lo viven los propietarios?
«Esto es una tortura para los vecinos desde hace mucho tiempo», decía ayer el alcalde. No hay una entidad que los agrupe bajo una única voz, pero una de las afectadas se lamentaba recientemente de los años de incertidumbre. «Entramos aquí como cualquiera que se compra un piso, de buena fe, pagando nuestra hipoteca, y llevamos años sin saber qué va a pasar y sin poder vender», decía la vecina. En total, hay cerca de cien propietarios entre los que se reparte la incertidumbre.
¿Y si todo sale mal?
En el gobierno local nadie quiere ponerse en lo peor y todavía no se han hecho cálculos. Si finalmente hay que derribar, los vecinos -que ya tienen abierto un proceso por el daño moral- podrían a su vez denunciar al consistorio que en su día concedió la licencia. El valor lo acabará marcando a un juez pero, por poner una cifra, si cada propietario lograse una media de 500.000 euros de indemnización por el daño causado, la factura ascendería a 50 millones de euros, a lo que hay que sumar los millones que también costaría derribo y desescombro. Es solo una cifra, que puede ser menos, aunque también más.
análisis un largo problema urbanístico