Ferreiro, bajó los salarios políticos, habilitó un turno de intervenciones de los vecinos en el pleno, suprimió los toros y puso en marcha las juntas de distrito
20 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Mañana se cumplen cien días desde la llegada de la Marea a María Pita. En su programa figuraban 25 medidas urgentes a poner en marcha. Desde el gobierno local consideran que muchas están ejecutadas y todas se han comenzado a desarrollar. Siete de ellas sí están cumplidas, de otras siete nada se sabe: si se han dado pasos, no se han hecho públicos. El resto se ha puesto a funcionar en mayor o menor medida, pero no se han culminado.
Entre las rematadas figuran el turno de intervención ciudadana en los plenos, la rebaja de los salarios de los políticos y de sus asesores, publicar las declaraciones de bienes, no colaborar en desahucios, aumentar el presupuesto y actividades de bibliotecas y centros cívicos, iniciar la revisión de oficio de los acuerdos de Someso y prohibir la cesión de recursos para espectáculos que supongan maltrato animal (especialmente, los toros, que no se celebraron).
Entre ellas hay iniciativas que sí son realmente nuevas, como el turno de preguntas en los plenos, la sensible rebaja salarial (el gobierno local cobra casi un 40 % menos que el anterior) o la prohibición de la fiesta taurina. Otras, como publicar las declaraciones de bienes (faltan las de los asesores), ya se hacían antes. En cuanto a los desahucios, se prometió también no colaborar con los bancos que los ejecuten, pero que se sepa la banca con la que tiene convenios o acuerdos el consistorio sigue siendo la misma. En la ciudad no se producen desalojos -apenas los había por incumplimiento de hipotecas en la recta final del anterior gobierno- y el regidor ha pedido personalmente a media docena de entidades que se impliquen en ofrecer viviendas y fondos para ayudar con los problemas sociales.
Los fondos para centros cívicos y bibliotecas sí aumentaron, pero tan solo en 65.000 euros. Otras cosas están en proceso más o menos desarrollado. La publicación de todos los contratos públicos es un ejemplo: Se ofrecen igual que se hacía antes. Los de las fiestas tardaron en mostrarse, aunque finalmente se hicieron públicos, si bien no están colgados en la web. Con todo, en estos tres meses apenas ha habido contratación.
La oposición, por otra parte, forma parte de un buen número de comisiones y órganos municipales, si bien PP y PSOE se quejan de que no se convocan o se decide al margen de ellas.
En marcha está la creación de juntas de distrito para dar mayor participación, pero aún dando los primeros pasos. También se ha dicho que lo está el plan de empleo, pero nada se conoce de su contenido más allá de la propuesta de sacar a concurso (sin fecha) 50 puestos vacíos de los mercados. Incrementar los recursos para igualdad también se intentó llevar a cabo. El rechazo del pleno al modificativo de crédito impidió que 70.000 euros acabaran en esa concejalía.
Se ha dicho que el plan para erradicar el chabolismo se está redactando también, pero el gobierno local no ha aportado ningún detalle y casi nada ha cambiado en los asentamientos. No han abierto los colegios por la tarde -sí se le ha comunicado esta intención a la Xunta- y sí se ha iniciado el expediente para cambiar el plan del Ofimático, aunque del PGOM y el Pepri no hay noticias -si se está haciendo, no se ha comunicado-.
La eliminación de puntos de vertidos en la ría del Burgo no ha rematado. Se trabaja, pero quedan media docena. Los planes de promoción de la movilidad y del pequeño comercio también se han puesto en marcha, pero por ahora no han pasado más que de algunos gestos y campañas.
Hay otras cosas -de nuevo que se sepa- que no se han llevado a cabo pese a figurar en el programa. La deuda pública se iba a auditar y a renegociar y no se ha hecho más allá de los cauces ordinarios. No hubo ninguna auditoría externa, como tampoco se han auditado las concesiones municipales -lo había hecho el anterior gobierno local- ni se ha activado el consejo social municipal -aunque sí se reunió, por ejemplo, la junta de portavoces-. Otra propuesta estrella sigue esperando turno, la de la creación de una renta social municipal. En ese asunto el gobierno local no ha expresado ningún avance, y tampoco hay aprobadas nuevas bonificaciones del IBI -se está estudiando, pero aún no hay propuesta para variar la ordenanza- ni se ha rebajado el precio del agua.
Tampoco han variado los criterios de contratación pública más allá de asegurar el gobierno local que se harán cumplir los pliegos sobre todo en materia laboral para defender a los trabajadores. Y finalmente, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica al callejero de la ciudad, así como la regularización de los topónimos oficiales, tampoco se han llevado a cabo. Las placas y los símbolos siguen donde estaban.
Es el balance de lo que se conoce en poco más de tres meses, un período que, en todo caso, es demasiado corto para pedir resultados con los ritmos con los que trabaja la administración.