El futuro del edificio sigue en el aire pese a las sentencias que dan la razón al denunciante
12 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.«El pleito ya es mayor de edad, ya puede salir de noche», bromea no sin cierta amargura Valentín Souto, el arquitecto que denunció con razón, así lo han reconocido los tribunales, las irregularidades del edificio Conde de Fenosa en noviembre de 1997.
Pero el futuro del inmueble continúa en el aire, pendiente de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acepte la propuesta planteada por el Ayuntamiento para legalizarlo.
Sigue así a pesar de que han transcurrido 18 años y múltiples actos jurídicos, entre ellos la sentencia del 20 de diciembre del 2001, en la que el TSXG dictaminó que el edificio debía volver a su estado original; o la del Tribunal Supremo del 8 de julio del 2014, que rechazó el intento del Ayuntamiento de evitar cumplir la sentencia del TSXG alegando «imposibilidad material».
Son solo dos documentos clave de una larga y muy compleja batalla judicial que implica al Ayuntamiento, la inmobiliaria Fadesa, promotora del inmueble, los más de cien propietarios del Conde de Fenosa y a Souto y su familia, que afrontaron los gastos y desvelos de un caso que ha ocupado un cuarto de sus vidas.
La «rendición por inanición»
En sus escritos, el arquitecto afirma que las dilaciones son parte de una estrategia de «rendición por inanición» del Ayuntamiento, que parece pretender «que se acabe la vida» del denunciante, que se «agoten sus recursos económicos» (mientras la administración local tira de fondos públicos) o que «las dificultades inexorables de la vida» le impidan seguir exigiendo que se cumpla de una vez una sentencia firme.
Esas «dificultades inexorables» ya se han manifestado en forma de dolencias como «dos desprendimientos de retina», o tener que interrumpir unas vacaciones familiares para redactar y enviar dentro de plazo un complejo escrito judicial desde una biblioteca pública de Córcega.
Tras 18 años y la multitud de problemas derivados, el arquitecto insiste en que continuará hasta que se ejecute la sentencia. Lamenta los problemas ocasionados a los propietarios, entre los que se incluyen empresarios, antiguos cargos políticos, familiares de magistrados..., pero señala que cuando denunció las irregularidades ni siquiera habían comenzado las obras, por lo que era posible subsanarlas, y rechaza que se le culpabilice de lo ocurrido: «Es como matar al mensajero, el problema son las ilegalidades».
Puntos extraños del pleito
La historia del caso está trufada de cabos sin atar. En el quinto recurso del denunciante ante el Supremo se recuerda que en julio de 1998, Fadesa contestó a la demanda diciendo que «sabían que el plan general de 1985 se iba a modificar, (...) e incluso presentó como prueba de su conocimiento (...) unos documentos del proyecto de revisión del PGOM que (...) no habían sido sometidos a exposición pública y por consecuencia deberían haber tenido consideración de documentación reservada».
Ese reconocimiento, sostiene, «revela indudablemente la connivencia entre el Ayuntamiento y la entidad promotora».
Destaca también la «falta de depuración de responsabilidades por el otorgamiento de una licencia ilegal», y la «inactividad de la Fiscalía» a ese respecto.
Llama la atención que una sala del TSXG, según recoge el dictamen del Tribunal Supremo del 2014, «indebidamente, deslizó (...) la posibilidad de que se pueden explorar otras alternativas ajustadas a derecho», en referencia a la posible inejecutabilidad de la sentencia de derribo.
Otro cabo suelto fue la recusación presentada contra el arquitecto que hizo el informe pericial que el Ayuntamiento pidió para respaldar la inejecutabilidad. El técnico fue recusado por haber sido «alto cargo de Fadesa», recuerda el escrito del denunciante, pero la recusación «nunca fue resuelta por el TSXG».
Aquel informe concluía que era «imposible» la demolición del edificio. Pero más tarde, el mismo arquitecto redactó el plan del Ayuntamiento para devolverlo a la legalidad derribando algunos elementos. Esa es la solución que está examinando el TSXG y que, a falta de conocer toda la documentación, no parece satisfactoria para el denunciante, que posiblemente la recurrirá.