El gobierno local había insistido en que los percibiría el Ayuntamiento, pero el texto que lleva hoy a la comisión de Facenda sin informe de Intervención dice lo contrario
01 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La comisión de Facenda revisará hoy una nueva propuesta del gobierno local para implantar la anulación de multas de la ORA mediante el pago de un recargo.
De salir adelante cuando vaya al pleno, la medida supondrá una merma de ingresos para el Ayuntamiento en favor de la empresa privada que gestiona el servicio.
El motivo es que el importe de todas las sanciones, sean de la ORA o de aparcamiento ordinario, termina en las arcas municipales. Pero el gobierno local no ha tramitado la anulación de multas como una sanción, sino que ha considerado que se trata de una tarifa, y los ingresos por tarifa son de la concesionaria.
La decisión del gobierno está avalada por un informe de la directora de la asesoría jurídica municipal, un cargo de confianza del ejecutivo. En sus conclusiones dice que el recargo no puede calificarse como sanción porque eso exigiría un «estudo detallado da compatibilidade da proposta coa normativa básica sobre tráfico». Un estudio que no existe.
Ese informe de asesoría está incluido en el expediente que se presentará hoy a la comisión de Facenda, que no ha sido revisado por la Intervención del Ayuntamiento. Los otros informes que figuran entre la documentación llevan la rúbrica del concejal de Mobilidade, Daniel Díaz Grandío; de la responsable de servicio de Mobilidade Urbana, y del director del área de Espazo Público e Mobilidade, que también han sido nombrados por el gobierno.
La decisión de que los ingresos por anular multas sean para la empresa contradice la postura que hasta ahora mantuvo el concejal de Mobilidade. En los plenos en los que se debatió el asunto, Grandío defendió que siguiesen siendo para el Ayuntamiento. Es más, en la comisión de Mobilidade Sostible del pasado 3 de enero, según figura en el acta de la reunión, el edil subrayó que «no tienen duda de que la recaudación tendrá como destino la caja del Ayuntamiento».
La oposición también insistió en que debía garantizarse que los ingresos fuesen al Ayuntamiento, pero en la propuesta elevada hoy a la comisión de Facenda, que previsiblemente se llevará al próximo pleno ordinario, el recargo se tipifica como tarifa, lo que impedirá que sea así. Claro que en el pleno, la oposición podría rechazar el texto del gobierno, como ya ocurrió con el anterior cambio en la ordenanza, que tampoco otorgaba los ingresos de la anulación a las arcas locales.
En el expediente tampoco figura una estimación de cuánto podría ingresar la empresa gracias a los recargos por anular multas. El precio de esa tarifa oscila entre los 1,5 y los 6 euros, y en la ciudad se ponen cada día cerca de 80 multas. Las estimaciones extraoficiales varían, pero fuentes próximas al servicio consideran que serán decenas de miles de euros cada ejercicio.
Un servicio que se prometió devolver a la gestión pública
Durante la campaña electoral del 2015, la Marea Atlántica planteó la «remunicipalización» de la ORA, de forma que la gestión de ese sistema de control del aparcamiento dependiese directamente del Ayuntamiento. Cuando se formó el nuevo gobierno, la adjudicación del servicio quedó paralizada mientras se estudiaba esa posibilidad. Al final, el ejecutivo completó el concurso público tramitado en el anterior mandato, señalando que de lo contrario se podría producir un perjuicio económico al Ayuntamiento.
El contrato se firmó a finales del 2015, e incluía numerosas mejoras tecnológicas, que no se han podido aplicar en su totalidad porque la normativa sigue igual.
Una de las mejoras era la anulación de las multas mediante el pago de un recargo. La oposición es favorable a que se aplique, pero las dudas sobre quién ingresará el dinero provocó el rechazo del pleno la última vez que se intentó implantar esa novedad.
El asunto fue objeto de fuerte controversia en la comisión de Mobilidade Sostible del 3 de enero. Tanto la socialista Mar Barcón como la popular Begoña Freire plantearon que se debía solicitar un informe al interventor para aclarar la cuestión, y que los recargos debían haberse tipificado como multas, de forma que los ingresaría el Ayuntamiento.
Díaz Grandío afirmó que ese informe se pedirá «en cuanto esta recaudación entre en vigor», y vaticinó que el documento concluirá que los ingresos son municipales. Pero la directora del área, nombrada por el gobierno, le contradijo después, insistiendo en que no es posible considerarlo una sanción, por lo que los fondos irían a la empresa.