Los cambios de criterio en Urbanismo encienden todas las alarmas en el sector

Una honda preocupación recorre el sector de la construcción. El miércoles, la asociación de emprendedores Ascega acusó al gobierno local de convertir la ciudad en «sede de la inseguridad jurídica», por su decisión de declarar caducadas las obras en el polígono de Náutica, a pesar de que esos trabajos estaban en marcha. El presidente de la entidad, Alfonso Salazar, culpó de la situación a los responsables del área de Urbanismo, los «comisarios políticos que ha colocado el alcalde», que «no contentos con paralizar la ciudad con su lentitud han decidido convertirla en la sede de la inseguridad jurídica con el único afán de hacer daño».

Unas horas después, el responsable de esa concejalía, Xiao Varela, pareció rectificar la decisión de retirar las licencias y obligar a los empresarios a empezar de cero adaptando sus construcciones al nuevo plan general, lo que según fuentes del sector ha provocado bajas de compradores y que queden en el aire los empleos dentro de varias empresas, cuando dijo que «se hai vontade edificatoria facilitaremos os procesos», una voluntad que los promotores tendrían que demostrar en el trámite de alegaciones.

Pero esas palabras no han tranquilizado a un sector que está «muy preocupado», señalan diversos empresarios, tanto de Ascega como de otras entidades, que creen que lo ocurrido en Náutica es un paso más allá de la lentitud en la concesión de licencias que los promotores han denunciado una y otra vez.

Varios de ellos apuntan a que las consecuencias de esa política de aplicar la caducidad a rajatabla pueden verse en los edificios de Tabacos. Estaban impulsados por la constructora San José, que perdió su licencia y tuvo que pedir una nueva adaptada al plan del 2013, lo que la obligaría a derribar parte de lo construido.

Aun sufriendo los efectos de la crisis, como la mayoría de las firmas del sector en la ciudad, la firma vendió sus derechos a un fondo de capital riesgo estadounidense. Fuentes del sector señalan que la firma americana ofreció un precio muy reducido, lo que le permitirá obtener una alta rentabilidad a pesar de tener que tirar parte de la estructura y disponer de una edificabilidad menor. Fuentes del sector temen que ese patrón se repita, ya que las empresas locales todavía están debilitadas por la falta de actividad de los últimos años y hay compañía foráneas dispuestas a entrar, lo que supondría, señalan las mismas fuentes, una pérdida de riqueza para la ciudad.

Funcionarios culpan a Varela de ocultar su «inoperancia» sembrando dudas sobre su honradez

Funcionarios del Ayuntamiento salieron al paso de las declaraciones del concejal Xiao Varela, que respondió a las críticas de los empresarios por la paralización de licencias aludiendo a que los promotores tenían dificultad para adaptarse a la ley por estar acostumbrados a la «manga ancha» de «certos funcionarios máis permisivos».

Representantes de los trabajadores consideran que al cuestionar la legalidad de las actuaciones del funcionariado de su área, Xiao Varela «sería tan responsable das supostas faltas ou delitos» por no emprender las acciones legales pertinentes. La CIG en el Ayuntamiento criticó además que el edil hable de «décadas de funcionamiento discrecional» cuando el gobierno de la Marea «mantén a un 30 % do cadro municipal en postos nomeados discrecionalmente», ratio que según los datos que maneja la central, basados en los facilitados por el propio Concello en septiembre, asciende al 40 % en infraestructuras y al 57 % en rehabilitación y vivienda. «Para nós este tipo de declaracións teñen como obxectivo ocultar a inoperancia e a inacción do concelleiro baixo unha cortina de fume».

El PSOE pide que rectifique

También el portavoz del PSOE, José Manuel García, consideró «impropio» lanzar sospechas sobre los funcionarios municipales e instó a Varela a que «rectifique o acuda a los tribunales».

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