La Marea afronta la recta final del mandato con parte de sus grandes compromisos en el aire
15 jul 2018 . Actualizado a las 13:16 h.La Marea Atlántica se presentó a las elecciones del 2015 con un programa de «99 medidas para o 99 %» centradas en la «radicalidade democrática», un giro en la política urbanística y el modelo económico, la defensa del medio ambiente y una apuesta por la política social que paliase los efectos de la crisis. Es difícil evaluar el cumplimiento de parte de las propuestas, ya que no plantean objetivos concretos.
Sirva como ejemplo la última de la lista: «Activación dunha xestión nas políticas do corpo que garanta a investigación, educación, práctica e prevención do corpo entendido de xeito integral». Pero otras sí son evaluables. Algunas se han cumplido de forma íntegra, pero muchas no se han ni iniciado, o solo se han ejecutado de forma parcial o incipiente, por lo que podrían quedar listas antes del fin del mandato.
Recortes en el recorte salarial
La bajada del gasto en el gobierno se ha quedado a medio gas, no alcanza el 50 % comprometido y los nueve directores de área nombrados por el alcalde cobran más de 60.000 euros cada uno, por encima del tope salarial marcado en 40.000 euros.
La «transparencia total» no se ha alcanzado. Siguen sin publicarse numerosas resoluciones. Según el análisis de Transparencia Internacional publicado en el 2017, los registros del actual gobierno han empeorado los del anterior ejecutivo local del PP.
No se ha remunicipalizado ni uno solo de los servicios gestionados por empresas. De hecho, según la oposición, han aumentado los fondos para externalizaciones. El caso más sonado fue el de la ORA. En campaña y durante las primeras semanas del mandato se planteó su remunicipalización. El programa electoral es más ambiguo, y solo recoge el compromiso de estudiar esa medida. Pero no se aplicó aunque el contrato no estaba adjudicado tras el cambio de gobierno.
La prometida ciudad «libre de desafiuzamentos» no ha llegado. La media de dos desalojos diarios se ha mantenido estos años, y Stop Desahucios ha exigido en varias ocasiones más compromiso al gobierno local y a la corporación, la última vez el pasado día 2. Tampoco se han cancelado los saldos con entidades que desahucian ni se ha pedido nunca un crédito a la llamada banca ética.
La mayoría de las promesas en materia de tráfico y movilidad siguen sin cumplirse. El transporte urbano sigue funcionando como en el anterior mandato. No se han inaugurado nuevos párkings disuasorios. La principal novedad son algunos avances en la construcción de carriles bici.
Retoques en el urbanismo
Salvo retoques, el grueso de la planificación urbanística no se ha tocado. En marzo se aprobó de forma inicial cambiar la ordenación de La Solana para que sea suelo público, pero el trámite definitivo no ha ido a pleno.
La apertura al público de la antigua cárcel provincial está en trámite, pero será solo en una pequeña parte del edificio y no se ha logrado la reversión gratuita de la parcela al Ayuntamiento.
Se ha renunciado a la propuesta de convertir el hotel Atlántico en una residencia de estudiantes. Lo seguirá administrando una empresa, que pagará 1,56 millones al Ayuntamiento cada año. Los trabajadores temen que la adjudicataria recorte sus sueldos.
En materia de participación, se ha puesto en marcha el escaño ciudadano. Pero esa figura no está regulada en el reglamento orgánico municipal, como preveía el programa. Tampoco se ha realizado ningún referendo vecinal. El programa Dillo Ti de encuentros con los vecinos excluye a la oposición. La junta electoral lo ha vetado en períodos previos a los comicios por considerar que se trata de un acto propagandístico.
Las tasas del agua bajaron en el 2016, pero en el 2017 el gobierno local intentó subirlas y no lo logró por la oposición de PSOE y PP. Se han aprobado distintas bonificaciones fiscales, pero la recaudación por impuestos municipales batirá su récord este año.
Lo que se ha hecho
El gobierno local ha retirado del callejero la simbología franquista. Ha redactado un plan de empleo y creado el prometido observatorio de igualdad de género. Ha puesto en marcha la renta social municipal, pero según la concejala Silvia Cameán llega a unos 200 beneficiarios cuando lo previsto eran 3.000 familias, y la inversión total, estimada en tres millones de euros anuales se ha quedado en menos de 400.000.
Además se ha puesto en marcha un sistema de presupuestos participativos que ha ido creciendo hasta 3 millones de euros, algo más del 1 % del presupuesto real, y se han hecho obras para corregir los puntos de vertido de aguas residuales que aún iban a la ría. En materia medioambiental también se han retirado todos los apoyos municipales a las corridas de toros y otras actividades en las que se pudiese causar daño a algún animal.