Con la desafortunada intervención del asesor principal de alcalde en un acto en Barcelona en el que dijo que la plantilla municipal está poblada por orcos, cuando el concejal Xiao Varela afirmó que empresarios del sector inmobiliario estaban habituados a la manga ancha de algunos funcionarios, o cuando el regidor refrenda las palabras de los ediles que culpan a los trabajadores de una compra irregular de pisos, lo que los dirigentes de la Marea Atlántica están revelando es una palmaria desconfianza hacia los trabajadores municipales. Y para esquivar a quienes se supone «desafectos», existe un atajo: utilizar la vía legal de las comisiones de servicio para crear cúpulas funcionariales más políticas que administrativas.
No es un patrimonio exclusivo de la Marea ese prejuicio sobre el trabajo de los funcionarios: lo vienen mostrando, uno detrás de otro, todos los partidos políticos cuando les toca tomar el relevo en el gobierno a otra formación. Pero la sentencia del Contencioso que anula 160 nombramientos a través de comisiones de servicio (no todos del gobierno actual) pone sobre la mesa lo que algunos le venían reprochando al gobierno local de la Marea: el abuso político de un mecanismo previsto para situaciones excepcionales.
La cobertura de plazas de jefaturas y determinados puestos clave de la administración a través de comisiones de servicio por períodos superiores al que permite la ley, además de desvirtuar el papel técnico y neutral exigible a los trabajadores públicos, tiene otro efecto perverso: desincentiva a muchos funcionarios valiosos que tienen aspiraciones legítimas en su carrera profesional. Este gobierno local también cayó en la tentación: no le llegó con crear su propio cinturón de seguridad de asesores y personal de libre designación y echó mano (se que que de forma excesiva) de la comisión de servicios. Una fórmula que a muchos ciudadanos deja de ofrecerles confianza cuando empieza a desprender un cierto olor a nepotismo.