La entidad, que recibió la noticia por teléfono tras solicitar insistentemente reuniones con las concejalías de Participación y Rexeneración Urbana, culpa al concello de negar información e impedir el diálogo
10 feb 2019 . Actualizado a las 23:29 h.El ayuntamiento comunicó el viernes por vía telefónica a Proxecto Cárcere la extinción del contrato suscrito en junio del 2018 para gestionar el recinto de la antigua prisión provincial. Ocho meses después, el gobierno de la Marea señaló a un miembro del colectivo que «decidira non prorrogar o seu convenio coa SIEP» (sociedad estatal propietaria del edificio), poniendo fin a la relación contractual que mantenía con la entidad a la que adjudicó la prisión en un concurso actualmente judicializado, a instancias de la fiscalía, y por el que la concejala Claudia Delso está siendo investigada por presunta prevaricación.
Proxecto Cárcere anunció a finales de diciembre el cese temporal de las actividades que venía desarrollando en la antigua prisión desde hacía seis meses, ya que, según la organización, en ese tiempo no había conseguido aclarar cuál era el procedimiento preciso de comunicación de las iniciativas programadas. El colectivo lamentó el cierre menos de medio año después de firmar el contrato de gestión, y mostró su confianza en que quedara en un breve parón mientras no se resolvía la confusión burocrática que lo motivaba. El gobierno local, por su parte, culpó a la Xunta y al propio Proxecto Cárcere del cierre.
Este domingo, a través de un comunicado, Proxecto Cárcere explicó que ante la falta de diálogo con el gobierno local la semana pasada volvió a presentar en el registro municipal una solicitud de reunión con las concellerías de Participación y Renovación Urbana, con límite el viernes 8 de febrero, «porque considerabamos que era urxente», anota el colectivo. «No día que remataba ese prazo, e sen ningunha outra información ou aviso previo», el equipo de Xulio Ferreiro les anunció el fin del contrato. «O convenio co ministerio vencía o 15 de xaneiro pero en ningún momento, e pese a pedir información en varias ocasións, o Concello tivo a ben informar á asociación de como estaban as negociacións nin de cal era a súa posición ao respecto, a pesar de que ese convenio ten un efecto directo no noso contrato», lamenta la entidad, que ha recibido la noticia más de tres semanas después de la clausura del convenio. «Difícilmente pode haber colaboración entre o Concello e unha asociación cando o primeiro nega información sistematicamente e sen razón algunha e impide o diálogo», concluye la asociación, que ha dedicado ocho años al proyecto de la cárcel y cuestiona la posibilidad de entendimiento con un gobierno al que reprocha su hermetismo.