La sentencia contra la bajada irregular de tarifas a Tranvías supone que el Ayuntamiento de A Coruña compense las pérdidas
A CORUÑA
La empresa celebra el fin de la situación de «inseguridad jurídica» en la que estaba el servicio
05 oct 2021 . Actualizado a las 11:52 h.La bajada «unilateral», en palabras del anterior alcalde, Xulio Ferreiro, de las tarifas del transporte urbano que el gobierno de la Marea Atlántica impuso en enero del 2019 a la Compañía de Tranvías, la empresa gestora del transporte urbano, no son legales. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que admite un recurso de la compañía, supone que la decisión del gobierno local fue nula, por lo que también lo son sus consecuencias. Eso se traduce, según explicaron fuentes jurídicas, en que el Ayuntamiento debe compensar a la empresa la reducción de ingresos que experimentó desde comienzos del 2019 y tendría que aplicar el precio vigente entonces, más las actualizaciones.
La cifra concreta de la posible compensación todavía está por determinar. En el 2019, los buses urbanos tuvieron más de 23 millones de viajeros. La bajada fue de diez céntimos por billete, por lo que la compensación ascendería a 2,3 millones por año. Pero esa cantidad puede variar. El transporte público fue uno de los servicios más afectados por el covid, y la caída del número de usuarios cambiará la cuenta final.
El anterior gobierno local aprobó la bajada de tarifas solo unos meses antes de las elecciones municipales de mayo del 2019. El entonces alcalde, Xulio Ferreiro, subrayó que la decisión no había sido consensuada con la Compañía de Tranvías. La empresa, que ya había abierto un proceso judicial contra el Ayuntamiento por la decisión del gobierno anterior de acortar su contrato para la prestación del servicio de transporte público, guardó silencio y recurrió a los tribunales. Le han dado la razón en ambos casos.
El director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, mostró su «satisfacción» por el resultado del fallo, que estima su recurso «contra la decisión unilateral del anterior gobierno municipal». Prada señaló que la firma está estudiando la sentencia para hacer una valoración más exhaustiva, pero añadió que la decisión del TSXG «en caso de confirmarse y de tomar firmeza, pondría fin de una situación, que dura ya muchos años, de enorme inseguridad jurídica de la Compañía y del propio transporte público de la ciudad». Esa situación, añadió, «impedía el desarrollo normal de la actividad y las inversiones en la mejora continua de la calidad del servicio». Por lo tanto, se mostró esperanzado de que el dictamen «ayude a la recuperación de la normalidad de la explotación y al consenso con el Ayuntamiento».
También el gobierno local está analizando las consecuencias de la sentencia, que podría suponer una carga importante para las arcas municipales. El Ayuntamiento afronta importantes gastos en este mandato —desde la reurbanización del puerto hasta su parte en el Novo Chuac—, y el desembolso en tarifas de autobús no abonadas se sumaría a esos gastos en la factura municipal.
La Marea dice estar «perplexa»
Por su parte, la Marea Atlántica mostró su «perplexidade» ante la sentencia del TSXG. El partido que gobernó A Coruña entre el 2015 y el 2019 considera que el fallo es «contrario ao interese xeral e lesivo para o dereito á mobilidade, antepoñendo os intereses da Compañía de Tranvías e os seus excesivos beneficios». Por esos motivos, la Marea insta a la alcaldesa a recurrir ante el Tribunal Supremo.
Ese recurso, consideran fuentes jurídicas, tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Por otro lado, la sentencia del TSXG no se refiere al «dereito á mobilidade», sino que analiza las circunstancias en las que se aprobó la reducción de tarifas. El tribunal concluye que la decisión es nula porque no cumple con las normas de concesión del servicio y no se justifica un «mejor y más eficaz» transporte público para la totalidad de los ciudadanos de A Coruña.
Las decisiones del gobierno anterior blindan la posición de Tranvías ante el ejecutivo local
Las dos decisiones claves —la reducción de tarifas y el recorte del tiempo de concesión— que el anterior gobierno local tomó contra la Compañía de Tranvías han salido como tiro por la culata contra el Ayuntamiento.
La justicia europea dio la razón a la veterana firma coruñesa y mantuvo su contrato hasta el 2024. Ahora es el TSXG el que concluye que el recorte de tarifas —al que la empresa se prestó voluntariamente en los años de crisis— nunca se debió haber ejecutado de forma unilateral.
El gobierno local de la Marea tomó ambas decisiones a espaldas de la compañía. Las consecuencias de su decisión correrán a cargo de las arcas municipales.
Más aún, aunque esa no fuese la intención de la empresa, que en sus demandas solo hacía referencia a la defensa de sus derechos, la consecuencia de los dictámenes judiciales es un fortalecimiento de su postura frente al Ayuntamiento. Los gobiernos de los próximos ejercicios tendrán más difícil negociar bajadas en las tarifas, ya que la fórmula para calcularlas ha sido refrendada de forma indirecta por una sentencia judicial.
En ese escenario, las declaraciones del director de la compañía, Ignacio Prada, llamando a la negociación con el Ayuntamiento, abren una vía para reconducir el enfrentamiento entre la Administración local y su principal empresa concesionaria. Esa vía será clave en los próximos años, porque las sentencias judiciales favorables a la empresa, motivadas por decisiones unilaterales del Concello, se producen justo antes de la renovación del contrato, prevista en el 2024.
