Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de A Coruña: «No querían mejorar el servicio, fue tres meses antes de las elecciones»
A CORUÑA
El responsable de la empresa que gestiona el servicios de transporte urbano celebra la sentencia que pone fin a la inseguridad jurídica que vivía la compañía
05 oct 2021 . Actualizado a las 17:28 h.El director de Tranvías, Ignacio Prada, ha celebrado esta mañana la sentencia que revoca la bajada unilateral de tarifas aprobada por el anterior gobierno de la Marea en el 2018. Prada ha destacado que, de adquirir firmeza, el dictamen pondrá fin a la situación de inseguridad jurídica del transporte público en A Coruña. El director recordó que esa inseguridad ha impedido a la compañía hacer inversiones durante siete años, en los que se dejaron de renovar 56 autobuses, la mitad de la flota existente.
El director de la compañía ha destacado que la sentencia concluye que la bajada no se ajustó a las normas de la concesión ni a derecho, ya que aplicaba de forma retroactiva normativa europea. El dictamen también afirma que la decisión no obedecía a criterios de interés público. Desde el punto de vista de Prada, se trataba de ir «contra los resultados de la Compañía». «No querían mejorar el servicio, fue tres meses antes de las elecciones», remachó.
El responsable de Tranvías no ha entrado a valorar la compensación que el Ayuntamiento deberá pagar a la firma, ya que la sentencia anula la decisión de bajar las tarifas y por tanto sus consecuencias. Sin embargo, sí ha subrayado que la empresa «estaba, está y estará» dispuesta a hablar con el Ayuntamiento, con el fin de «mejorar el servicio» y que cada vez haya más viajeros.
Preguntado por el daño que la imagen de la empresa sufrió a manos del gobierno local anterior y de la propia Marea, que llegaron a acusar a la empresa de incumplir normativa legal, Prada se mostró esperanzado de que sea menor y recordó que incluso a pesar de esas acusaciones y de la imposibilidad de mejorar el servicio durante estos años, los usuarios siguen poniendo un notable alto al servicio de la empresa.
El gobierno local estudia vías para recurrir la sentencia y evita criticar a la Marea, con la que negocia el presupuesto
Los servicios jurídicos municipales están estudiando «todas las posibilidades y vías de recurso que pueden existir» contra la sentencia del TSXG que anula la bajada de tarifas del bus aprobada por la Marea en el 2018. Así lo ha confirmado esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, quien ha señalado que su prioridad es defender los intereses municipales.
La propia regidora se mostró muy crítica con esa reducción en la campaña de las municipales del 2019, y en los debates electorales preguntó a su predecesor cuánto costaría la medida a las arcas municipales. Ahora abre la puerta a un recurso, que de fallar supondrá un aumento de la indemnización a la empresa, por defensa del interés público.
La regidora afirmó que su política pasa por buscar el consenso con las concesionarias, ya que de lo contrario «nos encontramos con sentencias gravosas para las arcas municipales». Aunque la presentación del recurso supondría mantener la vía judicial abierta. Así lo había solicitado la Marea, que ya ayer pidió al gobierno local que recurrirse el dictamen del TSXG.
Aunque la Marea fue muy crítica con Rey por sus dudas sobre la bajada unilateral de tarifas, sobre todo después de una primera sentencia que era favorable a su postura, la alcaldesa evitó contestar a esa formación, a la que el gobierno local ha situado como socio preferente para aprobar los presupuestos y las ordenanzas fiscales del 2021. Rey, preguntada por esas críticas, se limitó a señalar que por experiencia profesional —es abogada— no suele celebrar victorias en primera instancia.
El PP insta a Inés Rey a reconsiderar su relación con la Marea
El grupo municipal del PP ha lamentado esta mañana que todos los coruñeses «tengan que pagar con su dinero las ilegalidades de la Marea» en la concesión del bus urbano.
Los populares han instando a la alcaldesa, Inés Rey, a reconsiderar su relación con ese partido, con el que está negociando los presupuestos y las ordenanzas fiscales del 2022.
El PP recordó que la sentencia conocida este lunes, que anula la bajada de tarifas aprobada de forma unilateral por el gobierno del anterior alcalde, Xulio Ferreiro, supondrá que el Ayuntamiento tenga que pagar una indemnización millonaria a la empresa.
Los populares señalaron que el dictamen se conoció en un «lunes negro» para la Marea, ya que también se firmó el convenio para construir el centro de salud de Santa Lucía, un proyecto al que se opusieron en su mandato.
La Marea Atlántica insistió en que el gobierno local «debe recurrir» la sentencia para «defender á cidade» ante los intereses de una empresa que «se enriquece cun servizo público». Acusaron también al exalcalde Francisco Vázquez de dar «unha concesión feita a medida» a la empresa en 1984. Cabe recordar que en ese año no se parobó una concesión, sino una unificación de las existentes. Es más, la Marea intentó recortar el contrato pero la justicia europea primero y los tribunales nacionales después rechazaron sus argumentos.
Finalmente, el BNG también instó al gobierno local a recurrir la sentencia. Pero los nacionalistas también criticaron que la decisión de bajar las tarifas se tenía que haber tomado «con moita maior cautela» por sus «eventuais repercusións sobre a Facenda local». Señalaron también que «mentres se baixaban as tarifas se perdía a oportunidade de pór en práctica outras medidas, como a reordenación das liñas, o aumento das frecuencias ou a adaptación dos horarios ás necesidades laborais» de los ciudadanos. Además, el BNG planteó que el Ayuntamiento se haga cargo de la gestión del transporte público a partir del 2024, cuando finaliza la concesión.