Dos coruñesas, detrás de la primera asociación contra los inquiokupas: «Me han embargado la pensión por no pagar sus facturas»

Desde el 2020 Pilar Pérez no percibe un euro por el piso de su propiedad que alquiló en la zona de Os Mallos, en A Coruña. Igual que ella está Lucía Ares, a la que sus inquilinos dejaron de a bonar la renta en el 2022 por la propiedad en la que residen en Vilaboa, Culleredo. Su caso no es único, por eso las dos coruñesas se han unido con otros afectados por impagos en Aprovij, la primera asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica.

«No podemos ser el escudo social de nadie», señala Pilar. Ella, igual que el resto de miembros de la entidad, denunció a su inquilina. En un primer momento la Justicia le dio la razón y puso fecha al desahucio, pero con la aprobación del el Real Decreto-ley 11/2020 quedó paralizado. «Ella solicitó un informe de persona vulnerable», dice la propietaria, que intento reiteradas veces una revisión de su caso, puesto que la situación de su inquilina ha cambiado, según dice. «Mi inquiokupa [inquilinos que no pagan]  rechazó la ayuda de Servicios Sociales. Le dieron opciones de vivienda, ya que le buscaron un piso social, pero dijo que no porque su hija quiere vivir en la zona en la que está ahora», apunta Pilar, que dice que la renta mensual del piso, de tres habitaciones y 80 metros cuadrados, estaba fijada en 370 euros.

Al igual que Lucía, el piso que cada tiene alquilado es la única propiedad que posee además de en la que reside. «Compramos el piso como inversión en A Coruña, nunca me imaginé esto», señala Pilar, que vive en Pontedeume. Lucía adquirió la vivienda que rentó en Vilaboa por 525 euros al mes con sus ahorros y lo obtenido por la expropiación de unas fincas que heredó. «Todavía estoy pagando la hipoteca. Solo tengo ese piso, la vivienda en la que vivo es a medias con mi pareja», indica la mujer. En su caso rentó el piso, e tres dormitorios, dos baños y garaje en el 2019. Igual que Pilar, denunció los impagos, pero la inquilina fue declarada persona vulnerable, por lo que no puede echarla.

Además de no ingresar el dinero del alquiler, Pilar tiene que pagar el gasto de suministros de su inqulina. «Por no abonar la factura del agua, me han embargado lo que percibo por mi pensión de jubilación», lamenta Pilar, que se ha unido con Lucía y otros propietarios de otras partes de España en la misma situación.

Piden reunirse con la ministra

Desde Aprovij han pedido una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. «Consideramos que el decreto es inconstitucional. La suspensión de desahucios perjudica gravemente a los propietarios, no podemos desalojar a los inquilinos y los retrasos judiciales prolongan indefinidamente los procesos. Queremos que el Gobierno asuma la responsabilidad y los costes de estos perjuicios».

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