El Consorcio y Albada sellan un acuerdo y renuevan el contrato de gestión de residuos
A CORUÑA

El ente supramunicipal desiste de participar en la licitación de Nostián ante la falta de acuerdo en la aprobación de los pliegos técnicos y administrativos
14 mar 2025 . Actualizado a las 17:17 h.El Consorcio As Mariñas y la UTE Albada/Urbaser anunciaron este viernes que firmaron un acuerdo de transacción extrajudicial y otro de novación modificativo del convenio de colaboración suscrito el 4 de julio del 2001, para resolver las controversias y garantizar la continuidad del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos (RSU) en la comarca de As Mariñas.
Desde el ente supramunicipal explican que el acuerdo transaccional pone fin al conflicto derivado del incumplimiento contractual por parte de la UTE Albada/Urbaser en la gestión de los rechazos de residuos, lo que llevó al Consorcio a contratar otros proveedores para la retirada y gestión de estos residuos. Tras un proceso contencioso-administrativo, ambas partes han acordado una solución extrajudicial que incluye el pago de 9.270.000 euros por parte de Albada al Consorcio. Acordaron que 3,9 millones (que corresponden al período de noviembre del 2011 a mayo del 2021) se entregan a la firma del acuerdo y los 5.370.000 restantes (por el período de mayo del 2021 a diciembre del 2024) se pagarán, la mitad, a 1 de julio de este año y el resto, el 1 de julio del 2026.
El acuerdo también recoge que ambas partes dan por saldadas todas las reclamaciones derivadas del convenio de colaboración hasta el 31 de diciembre del 2024, comprometiéndose a desistir de cualquier procedimiento judicial relacionado con esta controversia.
El nuevo acuerdo por el servicio recoge que su vigencia es desde el 1 de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre del 2027. En ese período el pago por tonelada de residuo que debe abonar el Consorcio a Albada será 1 euro inferior al importe establecido por Sogama, con un mínimo de 107 euros por tonelada y un máximo de 137, IVA incluido.
También especifica que partir del 1 de enero del 2028, si no se ha formalizado un nuevo contrato de concesión, el precio se fijará de común acuerdo, auditando los costes reales del servicio. Este acuerdo garantiza la prestación del servicio en las mismas condiciones que el contrato actual, hasta que se adjudique una nueva concesión.
En relación con la planta de tratamiento de residuos de Nostián, el Consorcio As Mariñas, tal como había anunciado en el último pleno, decidió no participar en la licitación de la nueva planta y, por tanto, desistir del convenio de gestión conjunta suscrito con el Concello de A Coruña en 2019. «Esta decisión se basa en la falta de acuerdo en la aprobación de los pliegos técnicos y administrativos, tal como establece el convenio», explican.
El Consorcio mantendrá una relación con el Concello de A Coruña como cliente preferente, en condiciones al menos iguales a las de A Coruña, sin repercutir costes propios y específicos de este municipio.
El ente supramunicipal insta a realizar mejoras en el tratamiento de residuos con el objetivo de cumplir con las directivas europeas en materia de residuos, en línea con las políticas comunitarias de economía circular. Además, se reserva la opción de desistir en cualquier momento del contrato en caso de que se incumplan las determinaciones establecidas o se constaten incumplimientos graves en la gestión de los residuos.
A la vista del auto judicial de A Coruña, el Consorcio As Mariñas destaca que «el acuerdo alcanzado con la UTE Albada/Urbaser es más ventajoso para los intereses de los municipios de la comarca, aún no tratándose de una sentencia firme». Explica que la diferencia del caso de A Coruña, donde la sentencia era firme y no dejaba abierta la posibilidad de recursos y litigios adicionales, el acuerdo transaccional firmado por el Consorcio As Mariñas y la UTE Albada/Urbaser resuelve de manera definitiva y extrajudicial todas las controversias, evitando futuros litigios y garantizando la estabilidad del servicio.
Ambas partes se comprometen a elevar el Acuerdo de Transacción a escritura pública en un plazo de 10 días desde su firma, y a solicitar su homologación judicial en los 20 días siguientes. En caso de no ser posible la homologación, las partes desistirán de todos los recursos jurisdiccionales relacionados con la controversia.