José Luis Boado asegura que el origen del «error administrativo» se originó en el 2021 con la división en dos de la empresa a la que contrataban los parques infantiles
02 may 2025 . Actualizado a las 14:11 h.«Nadie se ha llevado un duro, no ha habido apropiación indebida, ni uso fraudulento. Nadie se ha beneficiado, el dinero solo se utilizó para realizar actividades y para beneficio del comercio, está toda la contabilidad a la vista». José Luis Boado, presidente de la Federación Unión Comercial Coruñés (FUCC), defiende que la entrada en concurso de acreedores de la entidad, a raíz de una inspección de la Xunta en la que se detectaron irregularidades vinculadas a las subvenciones recibidas durante varios años, era la única salida «ante la imposibilidad de conseguir» los más de 54.800 euros que exige el Gobierno gallego, a los que se suma una sanción que también podría superar los 50.000 euros. «No vamos a mantener algo que está muerto de antemano», apunta.
Boado reconoce que, cuando detectaron el problema, estimaron que tendrían que devolver «unos 30.000 euros y los podíamos pagar, pero nos dicen que son 47.000 euros más intereses». El desequilibrio entre las subvenciones recibidas anualmente y el coste de la contratación de parques infantiles se remonta al período entre el 2019 y el 2023, aunque los dos primeros años finalmente no se consideraron como irregulares porque «hubo más contrataciones». Sin embargo, en los otros tres ejercicios la compañía con la que suscribían este servicio se dividió en dos firmas y ahí se originó el problema. «El error fue que el descuento nos lo daba una empresa y cobraba otra, del mismo empresario, pero no caímos en la cuenta», relata el presidente de la FUCC. «Es un error que no entienden y no hay más», zanja.
Esta federación de comercio «sin ánimo de lucro, sin fondos propios ni capacidad de conseguirlos», mantuvo hasta hace un mes a los dos empleados que tenía contratados a media jornada. Sin embargo, los intentos por alcanzar un acuerdo con la Xunta para aplazar los pagos no fructificaron y el pago de los 54.800 euros «aún está recurrido». La Xunta puso el asunto en manos de la Fiscalía, que todavía no se ha pronunciado, al tratarse de más de 10.000 euros por año. Boado confía en que «lo más normal es que el fiscal se inhiba».