«Nadie se ha llevado un duro», defiende el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa
A CORUÑA
Reconoce un «error administrativo» como motivo y el concurso como única salida. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación preprocesal por un presunto delito de fraude de subvenciones
02 may 2025 . Actualizado a las 19:52 h.«Nadie se ha llevado un duro, no ha habido apropiación indebida, ni uso fraudulento. Nadie se ha beneficiado, el dinero solo se utilizó para realizar actividades y para beneficio del comercio, está toda la contabilidad a la vista». José Luis Boado, presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), defiende que la entrada en concurso de acreedores, a raíz de una inspección de la Xunta en la que se detectaron irregularidades vinculadas a subvenciones, era la única salida «ante la imposibilidad de conseguir» los 54.818 euros que exige el Gobierno gallego, a los que se suma una sanción que podría superar los 50.000 euros. «No vamos a mantener algo que está muerto de antemano. El concurso fue para salvar a los miembros de la FUCC», apunta.
Boado reconoce que, cuando detectaron el problema, estimaron que tendrían que devolver «unos 30.000 euros y los podíamos pagar, pero nos dicen que son 47.000 euros más intereses». El desequilibrio entre las subvenciones recibidas anualmente y el coste de la contratación de parques infantiles se remonta al período entre el 2021 y el 2023.
«La práctica incorrecta es la ausencia de notificación del infracoste final de las actividades subvencionadas a la Administración», señala el informe sobre los descuentos obtenidos en la contratación.
En esos tres ejercicios la compañía con la que suscribían este servicio se dividió en dos firmas y ahí se originó el problema. «El error fue que el descuento nos lo hacía una empresa y nos cobraba otra del mismo empresario, pero no caímos en la cuenta», relata el presidente de la FUCC. «Es un error que no entienden y no hay más», zanja. Boado especifica que trabajaban con esta empresa porque «esperaba un tiempo para cobrarnos para que llegase la subvención, que es en abril o mayo, y nos hacía un descuento por contratación. Como no había ese dinero a principios de año, pagábamos dos parques y luego el resto. Ahí está la práctica administrativa incorrecta que detectan».
Recurso del pago
Esta federación de comercio «sin ánimo de lucro, sin fondos propios ni capacidad de conseguirlos» mantuvo hasta hace un mes a los dos empleados que tenía contratados a media jornada. Los intentos por alcanzar un acuerdo con la Xunta para aplazar los pagos no fructificaron y el abono de los 54.800 euros «aún está recurrido». «El concurso fue para salvar a los miembros de la FUCC», destaca.
La Xunta puso el asunto en manos de la Fiscalía. A este respecto, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto diligencias de investigación preprocesal para analizar a la FUCC por un presunto delito de fraude de subvenciones, según detalla Europa Press.
El abogado de la FUCC señala que «el único tipo penal por el que podría investigarse a la federación» está descrito en el artículo 308.4 del Código Penal, que castiga con penas de hasta tres meses de prisión, a aquellos que en una cantidad superior a 10.000 euros, pero inferior a 100.000, falsee las condiciones requeridas para la obtención de una subvención».
José Luis Boado explica que ese informe indica «el peor escenario que puede ocurrir, que se nos considere culpables de haber malversado esos fondos». «Puede ser que el fiscal diga que no hay delito, como esperamos, o que lo pase al juez», añade el presidente de la FUCC.
La Xunta realizó actuaciones tras advertir «presuntas irregularidades»
La Xunta inició hace año y medio un procedimiento de comprobación sobre las subvenciones concedidas por la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta a la FUCC desde el 2013 hasta el 2023 y a través de esa inspección se detectó el problema.
«Advertindo presuntas irregularidades sobre a xestión de axudas concedidas pola Xunta á Federación Unión de Comercios Coruñesa, o Goberno galego realizou unha serie de actuacións previas para avaliar a situación e poder adoptar as medidas oportunas», explican desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Una vez que la Xunta comprobó dichas irregularidades en el «pagamento das facturas, acordou o inicio de reintegro das axudas e dos xuros de demora, e do correspondente procedemento sancionador atendendo ao que establece a normativa en vigor sobre subvencións».
Además, apuntan que los hechos fueron evaluados por los servicios jurídicos de la Administración autonómica «decidindo o seu traslado ao Ministerio Fiscal quedando, polo tanto, suspendido o procedemento sancionador ata o pronunciamento xudicial».
«Sorpresa»
Mariló Fernández fue presidenta de la FUCC entre el 2016 y el 2017 y lleva años fuera del ámbito del asociacionismo comercial. «Me he quedado sorprendida, ingratamente alucinada, no sé cómo puede ser real», asegura la exdirigente de Acocem (O Castrillón, Monelos y Eirís). «Cuando yo estaba no había ninguna irregularidad, lo que hacíamos era negociar el precio para poder llegar a las mayores zonas posibles, luego no sé lo que se hizo», apunta.