Cooperativistas de Xuxán, en A Coruña, se plantan ante la gestora a la espera de una reunión con el ICO el 20 de mayo

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Representantes de Galivivienda, este lunes en la asamblea con los cooperativistas de Xuxán
Representantes de Galivivienda, este lunes en la asamblea con los cooperativistas de Xuxán EDUARDO PEREZ

Reunidos en asamblea, decidieron no votar ninguna propuesta de Galivivienda, que pretende elevar el capital social «sin dar garantías»

13 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La asamblea general de la cooperativa Alquiler 50 de Xuxán decidió ayer suspender cualquier votación sobre el cambio de las condiciones económicas que pretenden los gestores hasta conocer el alcance de la reunión que mantendrán el 20 de mayo los administradores de Galivivienda con el ICO.

Según un asistente, la asamblea enfrentó a los socios desde el comienzo, ya que la gestora propuso votar si 12 cooperativistas que habían renunciado y decidieron volver tenían derecho a voto. «Tanto la ley como el estatuto lo impiden, así que lo dijimos y ni se votó. En realidad, no se votó nada», explica este hombre, muy crítico con que se permitiese entrar a personas que no eran socias, «cuando la ley lo prohíbe», advirtió, y que las votaciones se planteasen a mano alzada, sin urna ni papeletas.

Los cooperativistas confirmaron que están en continuo contacto con responsables del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y que la gestora, que cambió dos veces el orden del día, llegó a la asamblea con puntos controvertidos y propuestas «sin respaldo del ICO ni garantías». El primero era elevar el capital social total al máximo de 63.000 euros, en lugar de los 53.000 previstos; el segundo, admitir también desembolsar los 6.000 euros que piden durante la construcción (los 1.000 euros ya ingresados, 500 en fechas próximas y 4.500 en veinte pagos de 225 euros desde el comienzo de las obras); previa a la entrega de llaves, se desembolsarían otros 8.000 euros, completando así los 14.000 previstos e inicialmente aceptados por los ocios. Por último, otros 49.000 euros que completarían los 63.000 máximos, de ser necesario, que se puedan desembolsar en los 36 años, a razón de 1.361 por año. 

Críticas del BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó ayer contra la Xunta y calificó el proyecto como «un timo, unha estafa e, sobre todo, é xogar coas expectativas dos galegos e das galegas que están buscando unha vivenda digna á que teñen dereito». Pontón interpeló directamente al presidente gallego y le recordó que estas iniciativas no responden al concepto de alquiler social.