El Ministerio insta a cumplir el acuerdo sobre los alquileres de Xuxán, en A Coruña, y la Xunta alude a cuatro planes de financiación
A CORUÑA
Tras el recordatorio del Gobierno sobre la fecha límite para no perder 10 millones de euros, la consellería responde que aporta el suelo y lleva trabajando con la cooperativa un año y medio
16 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana respondió este miércoles al departamento autonómico con competencias en la materia sobre el conflicto de los alquileres sociales de Xuxán, instándolo a que se respeten los compromisos adquiridos y lamentando que se pretenda excluir a los cooperativistas de futuras reuniones clave.
La Administración central trasladó a la Xunta que el 9 de mayo se reunió con portavoces de los afectados, con quienes afirma mantener un diálogo continuo, y mostró su desacuerdo con la intención de la consellería de no contar con ellos en un posible encuentro con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la gestora de la cooperativa. Señala que los futuros inquilinos son quienes más están sufriendo las consecuencias del conflicto y recalca que el acceso a la financiación en ningún caso es la causa de las condiciones que la gestora quiere imponer a las familias.
En su carta, el departamento de la ministra Isabel Rodríguez expone la línea de avales y créditos del ICO es un instrumento con un respaldo sólido del sector privado. Desde su activación, en julio del 2024, se han aprobado o están en proceso más de cien operaciones, por 2.300 millones de euros, para levantar 18.000 viviendas de alquiler social en España. Por ello, considera injustificadas las acusaciones de la Xunta y recuerda que tanto los cooperativistas como el gestor han expuesto públicamente el origen del problema.
Según la carta, en los últimos tres años el Gobierno ha transferido a Galicia 59 millones de euros para promover 1.208 viviendas, entre ellas, las de Xuxán, que cuentan con una subvención directa de 10 millones de euros. El acuerdo, del 19 de diciembre del 2023, fija alquileres máximos de 340 euros por pisos de 70 metros y la fecha límite del 30 de junio del 2026 para finalizar la obra.
La mejor manera de preservar los intereses de los afectados es respetar los términos de ese acuerdo, añade la ministra, que traslada su confianza en que la Xunta cumpla sus compromisos y vele por que la gestora cumpla las condiciones de la licitación.
La respuesta de Vivenda
«El único interés de la Xunta es garantizar el derecho de los cooperativistas a acceder a una vivienda digna y a precio regulado», señalaron ayer fuentes de la consellería, y aseguraron que Vivenda remitió una carta a la ministra en la que recuerda que fue el departamento autonómico el que en febrero del 2024 puso en contacto a los gestores con el ICO, tras la falta de respuesta de la Administración, y que desde el instituto se envió en marzo del 2025 cuatro alternativas de financiación para que la cooperativa eligiese.
En abril los gestores presentaron a la asamblea la opción que, añade la Xunta, consideraron menos lesiva de las cuatro, pero que aún así obligaría a los cooperativistas a realizar desembolsos muy superiores a los previstos. Y subraya la conselleira que el Gobierno gallego lleva año y medio trabajando con la cooperativa, en ocasiones junto al ministerio, en busca de financiación adecuada para garantizar el cumplimiento del carácter social de las viviendas protegidas en alquiler.
El gobierno de Alfonso Rueda adjudicó por un período de 50 años, mediante concurso público, a la empresa Galivivienda cuatro parcelas en Xuxán sobre las que se van a construir los pisos protegidos en régimen de alquiler, en derecho de superficie y con un canon simbólico.
Advierte la conselleira, María Martínez Allegue, que sin financiación el modelo se viene abajo, con el consiguiente perjuicio para las 220 familias que esperan desde abril del 2024, fecha en la que se produjo la presentación comercial de la promoción inmobiliaria, viviendas dignas en condiciones accesibles.