La gestora judicial tomó la decisión de posponer el lanzamiento de la vivienda a las 10.07 horas al no llegar a la hora convocada, las 10.00, el cerrajero
09 jul 2025 . Actualizado a las 14:40 h.Cinco años lleva Pilar Pérez Peal sin cobrar el alquiler de su casa en Os Mallos, A Coruña, y siete minutos bastaron para echar por tierra su ilusión de recuperarla. El lanzamiento de la vivienda, es decir la orden de desahucio contra su inquilina, se suspendió a las 10.07 horas de este miércoles. El motivo fue la ausencia del cerrajero, encargado de abrir la cerradura ante la ausencia de la llave —la arrendataria no la entregó en el juzgado—, por lo que la gestora judicial, encargada del procedimiento convocado para las diez de la mañana, decidió posponerlo.
Esta decisión motivó un enfrentamiento entre la profesional de justicia y el abogado de la propietaria, Xaime da Pena. Previamente ya habían tenido un rifirrafe, puesto que la gestora judicial no lo dejó subir a la tercera planta, donde se ubica la vivienda propiedad de Pilar. Tras comprobar que la puerta estaba cerrada, que la llave no había sido depositada por la inquilina y que el cerrajero necesario para abrir la puerta no se había personado, la gestora judicial decidió posponer el lanzamiento. El letrado de Pilar le pidió que esperase a la llegada del cerrajero, pero esta, incomoda porque había medios de televisión que la grababan desde la puerta del edificio, pidió que apagasen las cámaras. Ante ello, el abogado de Pilar les solicitó justo lo contrario, que continuasen grabando, lo que motivó una disputa que se saldó con el personal judicial abandonando la vivienda y la suspensión del desahucio.
Tras esto, el abogado coruñés, muy molesto, señaló que él y su clienta procederían a acceder igualmente al piso en cuanto llegase el cerrajero. Así, él y su defendida, que previamente comprobó que la llave del piso no estaba en el buzón, subieron hasta la tercera planta y timbraron para comprobar que no había nadie dentro. «El de la alarma de seguridad viene a las 10.30 horas», dijo Pilar, que señaló que su idea era acceder al inmueble para que el técnico instalase el dispositivo y evitar así que su «inquiokupa» u otra persona pudiesen entrar en la vivienda. «Si tengo que esperar un día más para poder acceder a ella me da algo», indicó la mujer. Justo en ese momento, su abogado le señaló que tendrían que hacerlo al carecer de autorización judicial para entrar por su cuenta. En un primer momento el letrado planteó la opción de hacerlo igual, «pero podría tener consecuencias negativas para mi clienta», dijo.
La suspensión del desahucio fue un jarro de agua fría para Pilar, que hace siete años que no entra en su piso, desde que su marido lo rentó en el 2019 a una mujer marroquí y a su hija. «Al final por una cosa o por otra siempre salimos perjudicados los propietarios», dijo la mujer, que estuvo arropada por sus dos hijos y otros familiares. Sobre la inquilina, cree que ya abandonó la casa.
A la espera de una nueva fecha
Tras la suspensión del procedimiento, el abogado de Pilar se desplazó hasta los juzgados de calle Monforte, a solo dos minutos a pie de la vivienda de Pilar, para solicitar sin éxito que el personal encargado del desahucio volviese, «ya que el cerrajero está en camino», dijo. Finalmente, este profesional no se personó. «Lo llamé para que no viniese ante la negativa del personal de los juzgados» , explicó el abogado de la propietaria, que dijo que al cerrajero lo citaron «las partes convocadas». Sobre cuándo se podrá retomar el lanzamiento, indicó que «el caso está manos del juzgado dirigido por el juez decano Luis Pérez Merino y seguro que lo agiliza». Así, su esperanza es que se produzca antes de septiembre.
Pilar denunció en el 2020 a su inquilina por los impagos, pero esta fue declarada vulnerable. Finalmente en mayo de este año ganó el juicio que ordenó el desahucio de la mujer al demostrarse que esta ya no es vulnerable. «No se revisó hasta ahora y estuve tocando todas las puertas. Hay que derogar el real decreto que impide desahuciar a personas en vulnerabilidad porque en estos cinco años el mío estuvo okupado por una persona que rechazó alternativas habitacionales, me amenazó y me embargaron parte de mi pensión para abonar el pago de sus facturas», manifestó la propietaria antes de la suspensión del desahucio.