El gobierno aseguró también que la gestión de Alvedro no se trasladará a Vigo
12 jul 2025 . Actualizado a las 17:16 h.El pleno del Ayuntamiento de A Coruña aprobó en la sesión ordinaria ayer el modificativo M1 que permitirá sufragar las bonificaciones en el transporte público y los gastos adicionales derivados de su mantenimiento. En total, serán alrededor de 4 millones de euros. La moción salió adelante con los votos a favor de PSOE y BNG, y la abstención del PP.
Otro de los puntos que se debatieron en el pleno fue el cambio de uso de una parcela municipal en el número 15 del grupo residencial Santa Cristina, en Palavea. Según anunció el portavoz socialista, José Manuel Lage, la intención del ejecutivo es convertir la zona en una nueva biblioteca con aula informática. «Temos en Palavea unha infraestrutura pública infrautilizada. É a única zona da cidade sen instalacións culturais», defendió Lage.
Aunque todos los grupos votaron a favor, el líder de los populares, Miguel Lorenzo, le reprochó al gobierno que «siempre llega tarde a los barrios», por lo que considera una demora generalizada en la concreción de proyectos de mejora de los servicios en algunos puntos de la ciudad. Dentro de la misma moción, también se dio luz verde al derribo de los muros del parque del Observatorio, una demanda histórica de los vecinos del Agra.
Acerca del posible traslado de la gestión de la torre de control de Alvedro, que pasaría supuestamente a funcionar en remoto desde Vigo, el Partido Popular, autor de una moción no resolutiva para exigir al ejecutivo explicaciones al respecto, acusó al gobierno de «opacidad» en la administración de los servicios públicos. La misma opacidad, apuntaron, que se exhibió en su día «con la contratación de Isabel Pardo de Vera».
En respuesta, Gonzalo Castro desdeñó la pregunta y la tildó de «alarmismo» y de «moción preventiva sustentada en rumores», y aseguró que la torre de control del aeropuerto coruñés no dejará de funcionar, y que no hay ningún plan para efectuar tal transferencia.
Una de las pocas notas de sintonía y complicidad que dejó ayer la sesión vino tras la presentación, por parte del BNG, de una moción para pedir mayores esfuerzos en la lucha contra los discursos de odio hacia el colectivo LGTBI y más recursos destinados a apoyarlos en sus proyectos vitales. La declaración de intenciones sumó los votos de los tres grupos y, además, Miguel Lorenzo usó su turno de palabra para condenar las políticas sistemáticamente homófobas «de gobiernos como el de Hungría o el de Rusia», y también llamó a «no estigmatizar» a las personas homosexuales desde el ámbito sanitario. «Por suerte, la sociedad ha avanzado mucho en la protección de este colectivo», añadió.
Dos millones para los parques
En la recta final, en las preguntas orales, la concejala de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, anunció la concesión de una nueva ayuda europea de alrededor de dos millones de euros que se emplearán «en el reverdecimiento de la ciudad» y que revertirán directamente en la mejora y el cuidado de zonas naturales y parques de diferentes barrios.
El BNG también entró en colisión directa con Gonzalo Castro, que compareció a petición de los nacionalistas para dar explicaciones sobre el impago de facturas ante la falta de crédito. «O recoñecemento extraxudicial de obrigas é froito de o señor Gonzalo Castro ter prescindido do procedemento legal establecido». El PP, por su parte, concluyó su paquete de mociones pidiendo más intervenciones y proyectos de mejora en la zona de la Ciudad Vieja.
La crónica política
Un debate de chulapo con Pedro Sánchez y Pardo de Vera
Si uno, viendo el toreo desde la barrera, hubiera cerrado ayer los ojos en algunas partes del debate plenario, perfectamente podría haberse convencido de que no estaba en María Pita. Ni en A Coruña. Ni en Galicia siquiera. Los argumentos, los requiebros dialécticos, las menciones poco amistosas a Isabel Pardo de Vera, Cerdán, Pedro Sánchez y demás gerifaltes caídos o sin caer, disfrazaron la jornada con hábitos de lo más madrileño. Fue el pleno de San Isidro. Solo faltaron atavíos chulapos y notas de chotis para terminar de consumar el teletransporte.
Pero no pasaría inadvertido para los muy atentos que, entreverados entre los aspavientos nacionales o nacionalistas, hubo también pinceladas de municipalismo.
Se habló de parques. Muy especialmente de uno que, más que una zona verde, será una cuenta saldada. Los vecinos del Agra acarician ya las hierbas mullidas que tanto tiempo se les negaron, muro mediante, en la parcela del Observatorio.
Como cuentas pendientes arrastraba también, y muy hondas, Francisco Jorquera con el concejal Gonzalo Castro. El careo fue duro. Los nacionalistas reprocharon procederes que, de poco ortodoxos e informales, rozan, a su parecer, lo irregular. Castro, dejando a un lado la modestia, se reivindicó y se explayó pormenorizadamente. Respondió a cada pregunta inquisitiva. A cada estoque respondió con parada y contraataque. No hubo acuerdo de las partes en cuanto a los quilates de valía del proceder del concejal, pero el propio Jorquera le dio a su oponente un respiro al reconocerle que, al menos, se había «tomado en serio» el mandato de rendir cuentas.
A pesar de dejar constancia repetidamente de su consternación y su descontento, los socios externos del ejecutivo se alinearon casi a la perfección con el PSOE en el sentido de sus votaciones, dejando una clara sensación de que la división en María Pita es de dos bancadas —y no de tres—. Sí marcaron, no obstante, un tanto con la creación del Consello Económico e Social, propuesta instrumental que estaba incluida en el acuerdo de investidura que dejó la vara en manos de Inés Rey —que estaba ayer, por cierto, de cumpleaños—.
Barro. Eso denunció, en su defensa frente los envites populares, el portavoz socialista José Manuel Lage. Acusó a los del otro lado de «enfangar» trayendo a los salones de aquí cosas que son de allá —sea allá Moncloa, Génova o Ferraz—. Pero entre el barro había trufas. Algunas cosas se hablaron de la ciudad.