Cooperativistas de Xuxán, en A Coruña, denuncian que reciben presiones para que acepten condiciones impuestas y sin consensuar

Elena Silveira
Elena Silveira A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

CESAR QUIAN

Aseguran que la Xunta es conocedora de la situación y que consiente el «chantaje» al que les somete la empresa gestora

03 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Un grupo de cooperativistas de la promoción de vivienda pública en Xuxán, en A Coruña, denunció ayer «un chantaje en toda regla» por parte de la gestora Gesvieco encargada del proyecto, en connivencia con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Reclaman una solución institucional que permita preservar sus derechos como cooperativistas y acceder a la vivienda sin aceptar condiciones impuestas sin consulta previa. La situación afecta a un total de 249 cooperativistas.

Según relatan los afectados, en marzo se vieron obligados a subrogarse a una nueva cooperativa —Galivivienda Global S. Coop, posteriormente rebautizada como Galivivienda Alquiler50 S. Coop— debido a que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no financiaba la cooperativa original. «Nos llevaron a la nueva cooperativa, pero sin el derecho sobre el suelo», recuerdan.

Así, lo que parecía un trámite técnico acabó convirtiéndose en un problema estructural: las licencias de obra y la titularidad del suelo permanecieron en la cooperativa original, mientras los socios quedaban formalmente adscritos a la otra entidad sin capacidad legal para promover las viviendas.

Falta de información

A pesar de la peticiones de información, los cooperativistas dicen que no recibieron explicaciones por parte de la gestora ni del IGVS, hasta que una fuente del Concello les advirtió de un movimiento interno para revertir la titularidad de las licencias a la cooperativa original. En una reunión del 12 de junio con el director del IGVS, les confirmó que la decisión partió de ellos y que la subrogación quedaba sin efecto.

«Nos dijeron que la gestora nos devolvería a la cooperativa original, pero que para ello tendríamos que aceptar unos acuerdos previos adoptados por su consejo rector, sin que los socios hubiéramos participado», aseguran. A mediados de julio, los afectados recibieron un formulario individual para solicitar esa reincorporación, pero con una cláusula que les obligaría a aceptar condiciones que desconocían.

Entre esas condiciones figuran la actualización del plan de viabilidad con un presupuesto que asciende a 48,5 millones de euros y un incremento del capital social obligatorio de los socios de 53.000 a 63.000 euros. «Nos están haciendo firmar acuerdos que ya habíamos rechazado en la asamblea de abril. Si ahora no lo aceptamos, nos dejan fuera del proyecto», denuncian. Para los cooperativistas, esto supone un chantaje: «O firmas o quedas sin vivienda». Además, niegan que la situación esté reconducida tal y como afirmó la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.

? 249 afectados

Los cooperativistas con pisos adjudicados son 224; el resto está en lista de espera. De los 224, se dieron de baja 89.

? 224 viviendas

Están repartidas en un bloque con 90 pisos; dos de 60, y otro de 14.