Un cooperativista de Xuxán, en A Coruña: «Me di de baja porque eso no era un alquiler social»
A CORUÑA
El afectado asegura que el gasto llegaba a superar los mil euros al mes y critica la opaca gestión de la empresa
27 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Paul Agneessens, arquitecto belga de 72 años que reside en Carballo junto a su esposa, es uno de los cooperativistas que se dieron de baja del proyecto de alquiler social en Xuxán adjudicado a la empresa Galivivienda y actualmente gestionada por Gesvieco. Tras meses de reuniones, cambios económicos y cálculos propios, decidió renunciar a una iniciativa que considera «opaca» y alejada de la idea de una renta mensual asequible. «Me he dado de baja porque pagamos por la construcción, cada vez más, y nunca seremos dueños del piso», dice. Y, además, porque las cuotas pasaron a ser inasumibles: de 600 a más de mil euros al mes. «Y no, eso no es una renta social», insiste.
Así, Agneessens asegura que lo que en principio parecía una alternativa de vivienda asequible y estable pronto se convirtió en un cúmulo de dudas. Primero, el rechazo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a financiar una de las empresas vinculadas al plan le generó desconfianza. Después, los cambios de empresas gestoras y la imposición de condiciones sin consensuar. Tampoco estaban claros aspectos básicos como el equipamiento de las cocinas, sin especificar qué electrodomésticos incluirían.
Documentación farragosa
El arquitecto describe un proceso plagado de documentación farragosa y explicaciones poco claras. «Muchas veces tengo que leer dos o tres veces para entender lo que quieren decir», explica. Con experiencia en el sector, Agneessens también cuestiona la viabilidad del presupuesto en un momento de fuerte encarecimiento de los materiales y con permisos aún pendientes. «¿Cómo puede garantizar un contratista los costes si todavía no están todos los permisos?», se pregunta.
Por si fuera poco, las aportaciones cada vez más altas tampoco le otorgaban ningún derecho de propiedad. «Cuando aceptas las condiciones te conviertes en inversor, financiando la construcción del piso para poder vivir en él durante 50 años. Pero el promedio para que un edificio se mantenga en buen estado es de 30 años. Es decir, a partir de entonces ya hay que hacer reformas... Así que... Perdí la fe en este proyecto». Y aunque le confirmaron que, en un momento dado, si quisiera dejar la vivienda podría recuperar lo invertido, «la manera en que lo explican me genera muchas dudas», indica.
A la espera del reembolso
Como todos los cooperativistas con vivienda asignada, este afectado abonó los 1.100 euros iniciales. Tras solicitar la baja a principios de este mes todavía no ha recibido el reembolso y tampoco le han dado un plazo para que se produzca. «Todavía no he visto el dinero en mi cuenta», lamenta.
Explica que los primeros números parecían razonables: un alquiler estimado de unos 526 euros al mes, al que había que añadir 90 euros más por la inversión de construcción (53.000 euros) prorrateada en 36 años. En total, unos 616 euros mensuales por un piso de dos dormitorios, dos plazas de garaje y trastero. «Por ese precio podría ser una opción, siempre que garantizara estabilidad», reconoce.
Sin embargo, la cooperativa modificó las condiciones, elevando la inversión inicial de 53.000 a 63.000 euros y concentrando los pagos. El resultado, según sus cálculos, es que durante la primera década la renta efectiva ascendería a unos 1.001 euros al mes. «Y eso ya no es un alquiler social», sentencia. Con un documento Excel en mano, pormenoriza el gasto: 1.500 euros de entrada y, mientras durase la construcción, otros 225 euros durante 20 meses, «pese a no disponer todavía de la vivienda»; a la entrega de llaves, la carga económica se completaría con el pago de 57.000 euros en diez años. Solo después de ese período la mensualidad bajaría a unos 526 euros, «pero sin tener en cuenta futuras subidas del IPC u otros gastos como luz, agua, comunidad...»
Una de las 46 renuncias hechas de forma oficial
Paul Agneessens y su esposa, Svetlana, también arquitecta, llegaron a Galicia tras 14 años de alquiler en Cataluña. Buscaron en Galicia un destino más barato para residir y, sobre todo, una alternativa más estable sin tener que estar haciendo mudanzas constantes. La cooperativa de Xuxán parecía ofrecer esa garantía. Pero hoy, tras su renuncia, admite sentirse decepcionado: «Ahora me doy cuenta de que la elección no fue la correcta». Mientras tanto, seguirán con el plan provisional de Carballo, donde alquilan una vivienda que tiene 100 metros cuadrados de superficie, tres habitaciones, dos baños y garaje por 650 euros al mes. «No es barato, pero es más asumible que lo que finalmente tendríamos en Xuxán», indica.
Un conflicto abierto
El caso de Agneessens se suma al de decenas de cooperativistas que han abandonado el proyecto en los últimos meses. De hecho, se ha confirmado la salida definitiva de 46 socios —casi un 20 % de los 249 cooperativistas iniciales— y otros 95 están indecisos, lo que podría comprometer la promoción de 224 pisos de alquiler social. La viabilidad del proyecto está ligado a un préstamo de más de 36 millones del ICO y al requisito de que todas las viviendas estén adjudicadas antes de la finalización de las obras, que tendrían que estar rematadas en junio del 2026 (algo ya imposible).
El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ha convocado a los cooperativistas a una reunión hoy en Santiago, en respuesta a las reclamaciones presentadas por varios socios. Por otro lado, el PP registró ayer en el Senado una pregunta y una moción con el objetivo de que el Gobierno central garantice la financiación adecuada para los socios de la polémica cooperativa de Xuxán. En ella reclaman que el ICO flexibilice las condiciones de los préstamos.