Seis discapacitados severos de un centro especial de Oleiros han perdido la ayuda pública. Sus tutores temen que la Xunta los envíe a otras ciudades. Tienen entre 54 y 62 años
12 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Sus mentes están tan aisladas del mundo real que ignoran las amenazas que estos días se ciernen sobre ellos. Si observan la fotografía realizada junto al centro Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros, conocerán en primer término a Carmen, flanqueada por sus hermanas. El director, Antonio Naya, traslada en la silla a José Antonio, un hombre de 54 años que, no es exageración, aparenta más de 70. Al fondo, una cuidadora departe con José, Jesús, Queiruga y Magdalena, algunos con excelente autonomía física, pero todos con una discapacidad intelectual severa que, ya se ha dicho, al menos les evita la angustia que sí padecen sus cuidadores.
Solo Carmen tiene familia. Del resto, es Aspronaga quien tiene la tutela. Desde hace meses, la Administración dejó de pagar su parte de la plaza que ocupan en este centro, y la Xunta ve como solución dispersarlos por otros centros de Galicia, según conversaciones mantenidas con el gerente de Aspronaga, Juan Fontenla, y el director del centro Ricardo Baró, Antonio Naya. «Eso sería matarlos, llevan aquí más de 35 años, con sus rutinas, nos costó mucho encauzarlos, algunos eran muy violentos cuando llegaron, nos rompían los cristales, tienen una discapacidad severa, por eso nos espanta la idea de que se los lleven y los separen», señalan ambos.
En este centro hay 71 usuarios, pero solo los seis de la fotografía tienen encima esta espada de Damocles. Para entenderlo hay que remontarse a 1985, cuando los seis vivían en un centro especial en As Xubias. La Diputación estaba a cargo de ellos y otros seis, pero aquel lugar se cerró por problemas de insalubridad. «Entonces repartieron a los 12 usuarios por varios centros psiquiátricos de España», señala Antonio Naya. Cuatro años después, cuando se abrió el Ricardo Baró, el propio Naya acudió a esos centros para recuperarlos y llevarlos a Oleiros. Así, entre 1989 y 1990 se reagruparon dejando atrás los psiquiátricos de Palencia, Gijón o Madrid. La Diputación se hizo cargo de ellos abonando desde entonces una parte proporcional de la plaza en el centro Ricardo Baró.
Pero la Administración provincial, a raíz de la Ley de Dependencia, avisó a la Xunta hace cinco años que se inhibía de seguir abonando las seis plazas, que incurría en un fraude de ley y que era Santiago quien debía hacerse cargo de ellos. «Dos Administraciones no pueden pagar una misma plaza, nosotros seguiremos colaborando con Aspronaga con mejoras en el centro, con servicios... pero no abonando plazas de usuarios, lo impide la ley», señalan fuentes de la Diputación de A Coruña, que en mayo hizo el último pago.
Juan Fontenla, gerente de Aspronaga, corrobora la versión. «Ya nos venían avisando desde hace mucho tiempo, lo pusimos en conocimiento de los tres últimos directores, entre ellos la actual, Begoña Abeijón», explica. En diciembre del año pasado la Diputación lo puso por escrito a través de una carta a Aspronaga que, a su vez, la reenvió a la Consellería de Política Social. «Nos dijeron que no les daba tiempo, que no había dinero y ofrecieron como solución recolocarlos en centros de Lugo, Ourense o Vigo», explica Fontenla.
La noticia también alarmó a Nieves, una de las hermanas de Carmen, cuya desesperación la llevó a hablar con la propia directora xeral de Persoas con Discapacidade. «É moi duro, estamos asumindo desde xuño parte dos gasto da praza (alrededor de 1.300 euros, los otros 2.000 se financian con parte de sus pensiones), pero o peor é que ma leven de aquí, non sabemos como vai reaccionar fora da súa casa, porque esta é a súa casa desde hai 36 anos», esgrime. «Que non nos leven os nenos!», dice desesperada Nieves en relación a los seis usuarios.
Pero, consultado por La Voz de Galicia, el discurso de la Consellería de Política Social difiere sobre el mantenido con los gestores de Aspronaga. Desde Santiago critican a la Diputación «por interromper eses pagos de xeito unilateral». «As deputacións teñen asumido, historicamente, o financiamento de determinadas prazas e servizos sociais complementarios. Non existe ningún choque competencial coa Xunta», indican antes de explicar que se han comprometido con Aspronaga a financiar las plazas de José Antonio, José, Jesús, Queiruga, Magdalena y Carmen «á maior brevidade posible».
Afrontar nuevos gastos
Señalan que actualmente están haciendo frente a la actualización del precio por plaza del concierto social, a causa de un incremento del 10 % del convenio colectivo de los trabajadores de la discapacidad, «algo que asume a Xunta en solitario, sen recibir un euro máis do Estado». Así, una vez se ajusten las cuentas, prometen sacar una nueva remesa de plazas con prioridad para estas seis personas.
Y fuentes de la consellería concluyen con un mensaje muy diferente al vertido a los interlocutores y familiares de Aspronaga: «A Xunta en ningún caso ten pensado facer traslados dos usuarios que actualmente ocupan esas prazas privadas que financiaba a Deputación».